La legislación concentra en Industria la decisión de si la explotación es compatible con los valores ambientales
27 nov 2007 . Actualizado a las 02:00 h.La aprobación hoy en el Parlamento de la Lei de Ordenación da Minaría de Galicia permitirá la autorización definitiva de 270 canteras que operaban con licencias provisionales otorgadas por el Gobierno del PP. La nueva legislación, la primera que regula la actividad extractiva en la comunidad, supera la indefinición creada por la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 9/2002, que paralizó la apertura de nuevas explotaciones, y la modifica para facilitar que las localizadas en suelo rústico especialmente protegido puedan continuar operando en los ámbitos para los que disponen de la preceptiva licencia municipal.
El proyecto normativo remitido por la Xunta a la Cámara establece que, cuando no cuenten con esa licencia, las empresas que explotan yacimientos deberán solicitarla después de la autorización por parte de la consellería competente en materia de minas, que es la de Industria. En este sentido, la nueva ley concentra en el departamento que dirige el nacionalista Fernando Blanco la decisión sobre la compatibilidad o no de la explotación con los valores naturales, ambientales, paisajísticos y de patrimonio cultural existentes o con su vinculación a pactos ambientales. La norma apunta que la consellería quedará obligada a oír la opinión de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia y del «órgano competente en materia ambiental». Pero decidirá Industria.
El margen de Medio Ambiente
Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente, que gestiona el socialista Manuel Vázquez, mantiene su intención de revisar todas las concesiones que sea posible a través de los resquicios jurídicos a su alcance. Para ello, maneja como argumentos su autorización antes de la creación de la Red Natura y la caducidad de la declaración de impacto ambiental, que debe renovarse cada cinco años. El departamento de Vázquez no ha informado positivamente ninguna concesión que afecte a espacios naturales. Ha vetado el permiso a 28 canteras en O Courel y está revisando otras 26 ya autorizadas en la zona pero que aún no comenzaron a explotar.