plan de erradicación del chabolismo Los desalojados de O Vao tendrán derecho a una casa por 28.000 euros

El poblado gitano de O Vao, del municipio pontevedrés de Poio, amaneció ayer en medio de la máxima tensión. Era la fecha límite para que el Ayuntamiento acatara una orden judicial y procediera a la demolición de siete chabolas construidas de forma ilegal. Aunque algunas de las siete familias (54 personas) afectadas por los derribos habían recogido los enseres de sus hogares, ninguna estaba dispuesta a abandonar lo que fue su hogar durante años. «No nos van a dejar tirados en la calle como perros», dice Magdalena. «Si me sacan de mi casa, me corto las venas», afirma mientras hace el gesto como si tuviera un cuchillo en su mano derecha.

Nadie mueve ficha, y hay más agentes de la Guardia Civil, incluyendo los antidisturbios del Grupo Rural de Seguridad (GRS), y de la Policía Local de Poio, que operarios de la empresa que acomete los derribos. Paralelamente, había una cumbre en la denominada Casa Rosada, localizada a menos de un kilómetro del poblado, entre el alcalde del municipio, el nacionalista Luciano Sobral; el edil de Urbanismo, Xulio Barreiro; la primera teniente de alcalde, Consuelo Besada; el presidente del Pueblo Gitano, Sinaí Giménez; el representante legal de las familias, y el patriarca.

A un cámping

Allí se pactó, como medida provisional, realojar a las familias en un cámping de Sanxenxo hasta que el Concello de Poio, a través de fondos propios y de la Xunta, adquiera seis viviendas en propiedad. Cuando las familias estén reubicadas en sus hogares, los chabolistas tendrán que pagar durante dos años el alquiler de los casas. La Consellería de Vivenda subvencionará con 669.806 euros la adquisición de los hogares, y las arcas municipales aportarán 167.451 euros. Si las familias acreditan su integración social, los gitanos podrán hacerse con las casas en propiedad pagando la parte aportada originalmente por el Ayuntamiento. Pueden convertirse en los dueños de sus casas por una media de 28.000 euros.

Ayer se demolieron tres de las siete chabolas afectadas por la orden judicial, y a otras tres le desmontaron el techo y le cortaron la luz y el agua. La excavadora llegó al poblado a las cinco de la tarde, y diez minutos después inició el derrumbe de una de las chabolas. En el instante que la pala tiró una de las paredes, empezó a llover, y la propietaria, a llorar.