El fiscal afirmó en la vista oral en la Audiencia de Pontevedra que las grabaciones fueron legales
21 nov 2007 . Actualizado a las 11:49 h.El recurso de los abogados de dos de los imputados en el caso de presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento pontevedrés de Nigrán para anular las escuchas en las que quedaron registradas las solicitudes de dinero a cambio de la tramitación de planes de construcción llegó ayer a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Ahora será el tribunal de dicho órgano judicial el que decida sobre la legalidad de las grabaciones.
La defensa, en una vista de recurso celebrada ayer, alega que las grabaciones fueron llevadas a cabo de forma ilegal, mientras que el fiscal que dirige el caso, Juan Carlos Aladro, ahora fiscal jefe de Pontevedra, insiste en que el procedimiento fue correcto. De hecho, desde ámbitos judiciales se afirmó que cada llamada telefónica intervenida contaba con una autorización expresa. «Sabíamos lo que íbamos a escuchar», aseguró ayer Aladro.
Indicios insuficientes
Sin embargo, los letrados de la defensa argumentaron, como lo habían hecho ante el Juzgado número 6 de Vigo en marzo de este año, que los indicios existentes en el momento de las grabaciones no eran suficientes para haber sido autorizadas. Asimismo, los abogados reclamaron el sobreseimiento del caso, proceso judicial en el que se imputaron cargos de cohecho al entonces concejal de Cultura, José Luis Mosquera; su novia; el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez; y Borja Ramilo, arquitecto vigués.
Los abogados que argumentaron ayer el recurso interpuesto consideraron que no había suficientes elementos incriminatorios para autorizar las escuchas, puesto que nunca se puso en duda las acusaciones realizadas por el denunciante.
«Había indicios irrefutables para hacer estas escuchas», subrayó el fiscal durante la vista de ayer. «Y dieron resultado. Es legal hasta la saciedad», añadió.
En este sentido, Juan Carlos Aladro detalló que no había razón alguna para dudar de las denuncias del confidente. «El procedimiento se ha llevado con escrupulosa minuciosidad», señaló el representante del ministerio público.
Desestimado en Vigo
En marzo de este año, la jueza encargada de instruir el caso de supuesta corrupción había rechazado las peticiones de la defensa de prescindir de las grabaciones como prueba del procedimiento jurídico.
La defensa, sin embargo, alegó la posibilidad de que los imputados hubiesen sido inducidos a la comisión de delito por parte del empresario que denunció la trama. La jueza también había rechazado la argumentación de los letrados.