Cuando el PSOE y el BNG tomaron posesión de la Xunta, en julio del 2005, y se dispusieron a revisar por primera vez la documentación relativa al proyecto de la Ciudad de la Cultura, comprobaron que el aparato que mejor funcionaba en las dependencias administrativas de San Caetano era la «máquina destructora de papel», con la que sus predecesores habían dejado los cajones «vacíos» de documentos. Así empezó el bipartito a gestionar las obras del Gaiás, relató ayer Carlos Amoedo, secretario xeral de la Consellería de Cultura, ante la comisión de investiga la desviación en el gasto de este proyecto.
Con dureza en el tono y con alguna que otra alusión irónica a los «desiertos lejanos» evocados por Aznar, encaró el número dos de Cultura al diputado Ignacio López-Chaves (PP), que nuevamente volvió a acusar al Ejecutivo de negarle información a la comisión y de seguir sin cuantificar el coste final del proyecto arquitectónico. «É paradoxal», dijo Amoedo, que se acuse al bipartito de negar documentos, cuando hay constancia de la «compra masiva» en la consellería de máquinas trituradoras de papel, después de que el PP perdiera las elecciones, para hacer desaparecer buena parte de los papeles del Gaiás.
Empezar por el currículo
Amoedo empezó su intervención declarando su orgullo por la militancia en el Bloque y resumiendo su currículo, asumiendo que era ya una «costume» en la comisión de investigación. También insistió en argumentos ya expuestos, como cuando limitó la responsabilidad del bipartito en el Gaiás al 1,72% del gasto realizado.
Más novedoso se mostró cuando explicó que el BNG se planteó suspender definitivamente las obras de la Ciudad de la Cultura nada más llegar a la Xunta. «É unha alternativa que se barallou», dijo, en la que se incluía «o derrube, a rescisión de contratos e a reposición de terreos do Gaiás», conceptos que tendrían un coste del orden de los 200 millones de euros, cantidad que incluiría los 92 millones de la obra certificada entonces. «Sería un gasto totalmente improductivo», abundó Amoedo, antes de recalcar gráficamente que equivaldría a «tirar o diñeiro público polo retrete».
Descartada esta vía, explicó, fue cuando el bipartito optó por seguir adelante, pero impulsando una redefinición que sigue pendiente de cuantificarse.