La CIG acusa a Vicepresidencia de actitud privatizadora al convocar otras 30 plazas de personal laboral
GALICIA
La publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la convocatoria de treinta plazas para personal laboral temporal en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ha provocado las críticas de la CIG, que acusó a la Vicepresidencia de la Xunta de romper el compromiso adquirido por el bipartito de «defensa e promoción dos servizos públicos e ser garantes dos principios de igualdade de oportunidades, mérito e capacidade para o acceso a postos de traballo na Administración autonómica».
El Consorcio Galego de Servizos convocó ayer oficialmente el proceso de selección para personal laboral temporal de doce puestos de trabajo con la categoría de técnicos del Plan Integral de Apoio á Familia, otros doce de Igualdade y seis más de licenciados en Derecho. La central considera que esta convocatoria «é unha mostra da ostentación privatizadora de Anxo Quintana e a fuxida dos mecanismos de control e das oposicións públicas para entrar a traballar na Xunta». La CIG también critica que las contrataciones sean temporales, «para precarizar e ter máis controladas ás persoas agraciadas coas prazas».
El sindicato asegura que ya son «centos» las personas contratadas bajo este mismo procedimiento para las galescolas o el Consorcio Galego de Servizos, «seleccionadas enteiramente por tribunais políticos», mediante un sistema que prioriza la entrevista de los candidatos y «sendo os entrevistadores todos eles cargos políticos do BNG nomeados a dedo por Anxo Quintana». Al frente de estos responsables políticos, la central nacionalista sitúa al gerente del consorcio, Lois Pérez Castrillo.
La CIG alude asimismo a contrataciones administrativas para adjudicar a empresas privadas la gestión de servicios públicos. Cita la publicación, también en el DOG de ayer, de la adjudicación de 187.200 euros a una institución religiosa para la acogida de menores extranjeros bajo tutela de la Xunta; y, en junio pasado, de un asesoramiento técnico a un conocido bufete madrileño por un importe de 122.000 euros.