Los afectados vigueses de Navia presentan hoy un escrito para alertar al juzgado de las pesquisas que lleva la consellería
10 oct 2007 . Actualizado a las 13:16 h.El fiscal del Juzgado de Instrucción número 2 recomendó ayer la inmediata paralización del expediente sancionador que promueve la Xunta en relación con los sobreprecios cobrados en la venta de pisos de un edificio de protección social del polígono vigués de Navia.
No es el único que se opone a que la Consellería de Vivenda interrogue por su cuenta a los testigos o sugiera posibles multas para la promotora. El abogado de los propietarios afectados prevé presentar hoy en el juzgado un escrito en que pone en conocimiento del magistrado que la Xunta ha abierto una investigación paralela sobre unos hechos constitutivos de un supuesto delito y que la Justicia estudia desde diciembre del 2006.
El fiscal argumentó ayer, en los pasillos de los juzgados, los motivos por los que la Xunta debe proceder inmediatamente a la congelación de sus actuaciones administrativas sobre la constructora Construcuatro y sus presuntas exigencias de dinero negro a los clientes.
El ministerio público señala inicialmente que la justicia penal tiene prioridad sobre la sanción administrativa, por lo que el primer procedimiento absorbe al segundo. La prioridad es incluso por fechas, ya que la Xunta abrió el expediente el pasado 23 de agosto, nueve meses después de que los afectados presentasen una denuncia penal ante la Justicia y la magistrada ordenase grabar las conversaciones habidas entre los sospechosos y sus clientes.
Evitar el doble castigo
Con la paralización, la ley pretende eludir el principio de «doble castigo», impedir que alguien sea condenado dos veces por el mismo delito al abrirse contra él distintos procedimientos por la vía penal y administrativa. El fiscal pone como ejemplo al conductor multado por circular bajo los efectos del alcohol. Puesto que el piloto ha cometido un delito, el juzgado de lo penal asume la investigación e impone una sentencia de cárcel y multa, que absorbe cualquier sanción que haya establecido el agente de tráfico.
Solo en caso de que el juez dictase una sentencia absolutoria, la Xunta estaría facultada para reiniciar su expediente e imponer una sanción administrativa.
Además, el fiscal considera que la consellería se ha precipitado al interrogar a los mismos testigos que deben declarar en el juzgado, pues este órgano aún tiene abiertas sus pesquisas. El ministerio público cree que existe una interferencia pues muchos datos de la investigación, que en principio es secreta, ya son de dominio público. «He visto publicadas cosas de las que no tengo conocimiento y que no salen del juzgado», reprocha el fiscal.
La postura mantenida por el fiscal fue apoyada ayer por el abogado que defiende a 22 vecinos del número 25 de la calle Teixugueira. Estos denunciaron que la promotora los presionó para pagar hasta 42.000 euros en dinero negro bajo la amenaza de quedarse sin un piso protegido. «Por fin, alguien nos da la razón. Ese expediente hay que paralizarlo», dijo el letrado.