POLÉMICA EN PORTUGAL Los médicos y enfermeros gallegos llevan a la justicia el caso de las multas de tráfico

Una asociación de médicos y enfermeros gallegos que trabajan en Portugal ha presentado una acción judicial contra la «persecución» y las multas de la que aseguran ser víctimas por no matricular sus vehículos en este país a un costo muy alto.

El presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud Españoles en Portugal (APSEP), Xoán Gómez, explicó a la salida del Tribunal Administrativo de Lisboa, donde presentó la demanda legal, que con ella pretenden la derogación de una ley que definió como «discriminatoria y obsoleta».

La norma obliga desde julio a muchos trabajadores que cruzan la frontera con sus vehículos a matricularlos en Portugal lo que, según Gómez, no respeta los derechos de los residentes de áreas fronterizas y les obliga a pagar cantidades de miles de euros.

La aplicación de la ley, se lamentan los afectados, supone pagar impuestos aún mayores a los ya abonados al matricular los vehículos en España, donde además no se aplican medidas similares a las decenas de miles de trabajadores lusos que circulan con sus coches.

Fuentes de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, cuerpo similar a la Guardia Civil española, negaron que haya persecución alguna contra los automovilistas españoles, y señalaron que en el caso de vehículos extranjeros que circulan por territorio luso cumplen las directrices de la Dirección General de Aduanas.

Gómez estuvo acompañado en el tribunal por una representación de decenas de miembros de la APSEP que mostraban una pancarta a favor de la libre circulación de vehículos en el espacio comunitario.

En señal de buena voluntad, aseguró, decidieron sustituir una manifestación prevista para hoy por la presencia simbólica de miembros de la APSEP, pero subrayó que debe finalizar la persecución y el trato de delincuentes que sufren muchos conductores españoles. En un comunicado leído a la salida del tribunal de Lisboa, recordó que muchos gallegos se han visto «sometidos a un acoso e injusta persecución por parte de la GNR y la Brigada Fiscal».

«Esa ley pretende obligarnos a que volvamos a pagar el impuesto de matriculación, ya pagado en España, y que puede alcanzar -en Portugal- hasta un 60% del valor del automóvil», recordó. Gómez subrayó que muchos de sus compañeros han sido interceptados «con malas formas», se les ha incautado la documentación e inmovilizado el vehículo y han sido sancionados con multas de hasta 400 euros.

El cambio de matriculación previsto en la ley supone también fijar la residencia en Portugal, lo que para los afectados, que en muchos casos viven con su familia del lado español y cruzan la frontera a diario o de lunes a viernes para trabajar, tiene muchas complicaciones.

El presidente de la APSEP aseguró que la iniciativa judicial llega como consecuencia de la falta de respuesta adecuada de las autoridades españolas, cuya intervención han pedido a través de varias instancias.

A la Embajada española en Lisboa, aseguró, le han dado «un voto de confianza» y tiempo para que hagan gestiones. También el Congreso español de los Diputados entendió sus reclamaciones pero hasta ahora no ha surgido ninguna solución concreta al problema. Según el dirigente gremial han comprobado que las autoridades llegan a dedicar agentes a hacer «seguimientos» de coches con matrículas españolas para probar, de acuerdo con el testimonio de trabajadores, el tiempo que llevan circulando sin cumplir la nueva ley y la obligatoriedad de pagar la matriculación.

La APSEP pide también que si no se alcanza un acuerdo España aplique las mismas medidas a los trabajadores lusos, mucho más numerosos, que mantienen la residencia en su país y cruzan la frontera en coche, a diario o los fines de semana, para trabajar.