«Diputados afiliados a uno de los sindicatos que más han protestado esa medida la apoyaron con plena consciencia»
GALICIA
Méndez Romeu defiende la reforma de la ley del funcionariado e ironiza sobre el desmarque nacionalista del plus para altos cargos que el propio BNG apoyó en el Parlamento.
-Uno de los fines de la reforma es despolitizar la carrera profesional. Este objetivo tiene un calendario, los dos años que usted anunció para ofrecer por concurso plazas ahora ocupadas en libre designación. ¿Qué pasará hasta entonces?
-Estamos en un concurso de traslados en el que se han ofertado 1.307 plazas y participaron 2.500 personas. Ese concurso se resolverá a final de año. A principios del 2008 estas personas tomarán posesión de destino. Para poder concursar a otro puesto deben pasar dos años en el último destino. Por tanto, como la reforma llegó en pleno concurso, deberíamos hacer el próximo, ofertando nuevas plazas, cuando puedan concursar también los que lo están haciendo ahora. En estos dos años, hay que llevar a término acciones complejas, como transformar en cada consellería las plazas de libre designación en plazas de concurso, determinar las excepciones, negociarlo con los sindicatos y aprobarlo en el Consello.
-En sólo 20 días, desde la publicación de la ley en el «DOG» hasta su entrada en vigor el lunes pasado, hubo más de cien convocatorias de plazas de libre designación. ¿No cree que esto, aunque legal, choca con el objetivo de despolitizar la función pública?
-Eran convocatorias en curso. Cuando más hubo fue en mayo, junio y julio, que se han resuelto en septiembre. Es el procedimiento habitual. Las plazas no pueden estar vacantes, hay que cubrirlas por algún procedimiento, por libre designación, comisión de servicios o por adscripción temporal. Si no, la Administración se paraliza, sobre todo en jefaturas de unidades.
-El concurso esperará al 2010 para que concurran todos los funcionarios, pero los ex altos cargos ya pueden consolidar el complemento retributivo...
-Es una norma vigente en la mayoría de las comunidades y desde 1998 en Galicia. Con la formulación que le da esta reforma, recoge lo que dice el estatuto del empleado público. Las normas que reconocen derechos individuales, como todos los que aparecen en esta reforma, tienen eficacia desde el día que lo dice la ley. Podríamos sacar antes a concurso esas plazas, pero personas altamente cualificadas que ahora optan a otra plaza quedarían excluidas, lo cual parece limitar la libre concurrencia.
-Y, sin embargo, en el BNG asumen ahora que esta medida, que ellos apoyaron, crea malestar social. ¿Lo comparte?
-Ellos la apoyaron. Incluso diputados afiliados a uno de los sindicatos que más han protestado [la CIG] esa medida la apoyaron con plena consciencia. Igual que la apoyaron en Madrid los diputados nacionalistas. ¿Se puede dar una cierta alarma? Las retribuciones de los funcionarios siempre tienen, en general, mala imagen. Existe la idea de que son personas con ventajas comparativas sobre los trabajadores privados. El número de afectados es difícil saberlo, porque no hay un censo adecuado, pero por nuestras estimaciones es más limitado de lo que se ha dicho. Esta reforma para incrementar la retribución se ha producido para adaptarse a la legislación del Estado, a iniciativa de la oposición, y secundada por los demás grupos. Es un procedimiento normal y transparente en la función pública.
-¿Y no hubiera sido mejor incorporarlo en la ley que salió del Consello de la Xunta y no después en el Parlamento a espaldas de los sindicatos?
-Pero el Parlamento está para perfeccionar las leyes, no para seguir miméticamente al poder. En cada ley se da un número importante de modificaciones.