FUNCIÓN PÚBLICA El BNG, dispuesto a derogar o reformar la disposición que otorga el plus para ex altos cargos

El portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, ha expresado la disposición de su grupo a que se reforme o directamente que se derogue cuanto antes la disposición adicional 17ª de la reforma de la Ley de Función Pública que equipara las categorías de los funcionarios gallegos y resto Estado.

La Cámara gallega aprobó por unanimidad de los tres grupos representados aprobar la reforma de la Ley de Función Pública que entró ayer en vigor y cuya disposición adicional 17ª establece la equiparación entre las categorías de funcionarios gallegos y del resto del Estado, lo que supondría una retribución máxima anual de hasta 15.000 euros.

El sindicato CIG ha anunciado que pedirá a los tres grupos parlamentarios que lleguen a un acuerdo para retirar esa disposición y señaló que podría llevar a la Cámara una iniciativa legislativa popular.

Aymerich explicó tras la reunión de la Junta de Portavoces, a preguntas de los periodistas, que existen dos vías para poder derogar esta disposición, bien mediante un proyecto de ley específico o bien mediante el articulado de la Ley de Presupuestos que se negociará próximamente.

En cualquier caso, advirtió, la derogación de este artículo no eliminaría el plus, sino tan sólo el aumento, ya que se trata de una ley de ámbito estatal del año 1990.

Sin embargo, el portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Rego, recordó que la ley, incluida la disposición que ahora se discute, fue aprobada por «unanimidad» en la Cámara gallega y, según dijo, «el representante del BNG en la ponencia no fue de los más críticos con la iniciativa».

Rego reconoció que el salario de los altos cargos tiene «mala prensa», pero recordó que no es una medida de nueva implantación, sino la adaptación a una norma estatal.

El portavoz socialista indicó que el régimen de incompatibilidades de los diputados gallegos es uno de los «más duros» de España.

Para Rego, el sindicato CIG debería ser «riguroso» y no utilizar la cifra máxima, los 15.000 euros, como una generalización, ya que, según dijo, «es una falacia decir que los altos cargos van a cobrar un sobresueldo de 15.000 euros porque no es verdad», declaró.

Por su parte, Manuel Ruiz Rivas (PPdeG), preguntado por la intención de la CIG y el apoyo del BNG para derogar la disposición, indicó que será el Gobierno el que tenga que responder si está «unido» o si cede al «chantaje» de uno de los socios.

Según Ruiz Rivas, el PP se pronunciará cuando el BNG presente la iniciativa en el Parlamento y no cuando haga sus declaraciones a través de la prensa.