LAS INCONGRUENCIAS DE LA CIUDAD DE LA CULTURA El juez buscará posibles delitos en el Gaiás a petición de la Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) empezó ayer a escribir un nuevo capítulo en la historia del compostelano monte Gaiás, que se encuentra en obras desde el 15 de febrero del 2001. La institución aprecia probables «indicios de criminalidad» en la gestación, ejecución y gestión del complejo, según declaraciones de su portavoz, José Ramón Piñol, a La Voz. De hecho, ya ha puesto el asunto en manos de un togado santiagués.

El pasado 13 de agosto, Mar Peteira, dirigente del sindicato nacionalista CIG, remitió a la Fiscalía un reciente y demoledor informe del Consello de Contas acerca de la Fundación Cidade da Cultura, así como diversas informaciones de prensa sobre el mismo asunto. También la instó a que impulsara procesos penales contra todos aquellos responsables de la «malversación e despilfarro» que, a su juicio, rodean a este proyecto. Explícitamente, reclamó que las indagaciones abarcasen no sólo la etapa de gobierno popular, sino también la del bipartito, inaugurada hace dos veranos.

«Con rapidez se incoaron diligencias informativas. Y, ante la posible relevancia y gravedad de los hechos, con ánimo de no retrasar su judicialización, decidimos llevar a cabo un análisis rápido y superficial de la denuncia, no una investigación profunda», explicó Piñol. «Después de ese trabajo -agregó-, entendimos que se desprenden, aparentemente, indicios de criminalidad, aunque fuesen intuitivos».

Instrucción de la causa

Así, con celeridad, el ministerio público envió el expediente al Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, que preside el decano de los jueces en la capital gallega, Francisco Javier Míguez Poza. A él corresponde ahora, con la participación «activa y directa» de la Fiscalía del TSXG, realizar lo que se denomina instruir la causa, o sea, investigar a fondo.

Consultado acerca de los siguientes peldaños en esta escalera, el decano de los abogados de Compostela, Evaristo Nogueira, avanzó: «El magistrado recabará la documentación que crea oportuna, reclamará informes periciales de diferente naturaleza, llamará a declarar a quien considere...». Después de todo ello, consultará al fiscal y afrontará una disyuntiva. Habrá de elegir entre archivar las actuaciones anteriores o bien determinar que procede la convocatoria de un juicio oral, con defensas, acusación pública y, en su caso, también particular.

¿Cuánto tiempo puede transcurrir hasta entonces? «Resulta difícil determinarlo, dado que la instrucción se presume compleja; no es como la de un accidente de tráfico, que a lo mejor despachas en dos semanas», contestó Nogueira, para luego apostillar: «Estamos hablando de varios meses, incluso más de un año». «Eso siempre que ninguna de las partes, practicadas cuatro o cinco pruebas, considere demostrado que nadie ha delinquido y solicite la conclusión del proceso, pero esto no suele ser muy común», matizó.

Audiencia o sala de lo penal

Juzgar o no juzgar. Deshojada esa margarita, si triunfa la primera vía, todavía surgirá otra duda. ¿Dónde hacerlo? El líder de los abogados de la ciudad responde: «Dependería de las clases de delitos y de los años de pena que se pidieran a los hipotéticos imputados por ellos. En función de la mayor o menor cuantía, se ocuparía una sala de lo penal de Santiago o bien la Audiencia Provincial».

El portavoz del nuevo colectivo ciudadano Cultura Si, Mausoleo Non, Xan Carlos Ansia, quiso aclarar ayer que la denuncia del 13 de agosto, formalmente, la entregó la sindicalista Mar Peteira, pero no en nombre de la CIG. «En realidade, foi unha iniciativa da plataforma, pero daquela aínda non estaba constituída», aseveró.