PAZO DE MEIRÁS La Xunta considera que las excusas de la familia Franco no tienen sentido

El director xeral de Patrimonio de la Xunta, Felipe Arias, ha asegurado que la intención de la familia Franco de aludir inviolabilidad del domicilio para evitar la inspección del Pazo de Meirás «no tiene sentido». Tras varios meses y ante la posición de la familia, Arias afirmó que «como a Ley de Patrimonio Cultural prevé la facultad de inspección de los bienes inventariados, como es el caso del Pazo de Meirás, la negativa nos obliga a iniciar un expediente informativo, y sancionador si es necesario, por no permitir la visita de nuestros técnicos», dijo.

«El representante de la familia y propietario del Pazo adujo que han presentado un recurso contencioso-administrativo», en el que aducen que «se atenta contra la inviolabilidad del domicilio», según palabras de Arias.

Desde la Xunta manifiestan que solamente pretenden «comprobar el estado de conservación y el interés patrimonial del inmueble, que data de finales del siglo XIX» y añadió que «cuando un inspector de gas o de vivienda va a mirar la habitabilidad de un domicilio, no está violando ninguna intimidad».

La Ley de Patrimonio Cultural prevé como máxima categoría la de «Bien de Interés Cultural» y como mínimo la de «bien inventariado», que es la que, por el momento, le corresponde al Pazo de Meirás.

El director de Patrimonio manifestó que «el hecho de ser bien inventariado es el que permite la facultad de inspección y obliga a que cualquier actuación que se haga en el Pazo (...) tiene que ser mediante informe previo de Consellería de Cultura».

No permitir la inspección del inmueble se tipifica como infracción leve en el artículo 90 de la Ley de Patrimonio Cultural y puede conllevar una sanción de hasta 60.000 euros.

La declaración del Pazo de Meirás como Bien de Interés Cultural supondría la obligación de ofrecer visitas «de manera gratuita y pública cuatro veces al mes, cuando menos», recordó el director general de Patrimonio.

Por su parte, Abel López Soto, alcalde de Sada -localidad en la que se encuentra el edificio-, ha remitido una carta a la conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, para respaldar la decisión de la Consellería y apoyar que se tomen «las medidas necesarias para hacer cumplir la ley vigente».