Según cálculos del sindicato, esta partida supondrá una inversión de 30 millones de euros anuales.
La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha presentado ante el Valedor do Pobo una queja por el sobresueldo de altos cargos de la Xunta, recogido en la reciente modificación de la ley de Función Pública, que según cálculos del sindicato, supondrá una inversión de 30 millones de euros anuales.
La CIG apunta en un comunicado que se trata de una medida «anticonstitucional», ya que atenta contra los principios de igualdad, mérito y capacidad, y sostiene que, al destinar estos sobresueldos a altos cargos nombrados por «libre designación», se trata de un «método basado únicamente en los principios del amiguismo».
La retribución, que está destinada a los ex-altos cargos desde el año 1981, también bonificará la labor de aquellos que fueron cesados por incapacidad para ejercer sus responsabilidades, critica el sindicato.
La nota explica que esta medida es un «expolio al erario público» que, además, contradice el principio constitucional según el cual la riqueza del país está subordinada al interés general, concluyela nota.
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