En el informe al juez dice que tendrían que abstenerse en alguna obra
08 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El secretario general del Concello de Narón hizo una tacha de legalidad en el transcurso de una reunión oficial en el Concello advirtiendo de que uno o dos técnicos contratados por la autoridad municipal para dirigir unas obras no podían certificarlas. Esta incidencia aparece en el informe que Alfonso de Prado Fernández-Canteli entregó al juez que se ocupa de las diligencias por la denuncia de la interventora municipal del mismo Ayuntamiento sobre un supuesto caso de espionaje informático en este departamento.
La cuestión del técnico o técnicos salió a colación cuando fueron presentadas para aprobar el pago, en el transcurso de aquella reunión, dos facturas de obras que aparecían certificadas por tal o tales personas que tendrían que haberse abstenido, a juicio de De Prado Fernández-Canteli. Se trata de una fórmula prevista por la ley cuando se produce algún conflicto de incompatibilidad. En este o estos casos el técnico que estaba contratado por la autoridad municipal podría tener alguna relación económica o de otro tipo con la empresa contratista del proyecto. Perdería así su independencia a la hora de actuar como facultativo sobre la correcta ejecución o valoración de una obra para la cual ha sido contratado por la alcaldía.
No obstante, aunque la advertencia legal del secretario quedó registrada en el acta de la reunión, las facturas en cuestión se pagaron. Parece que esta situación no es solo de ahora, sino que podría haberse producido con antelación en otras ocasiones.
La interventora municipal, Rosa de Cal y Cortina, en su denuncia contra el alcalde, sugiere que el regidor Xosé Manuel Blanco «siguiendo instrucciones del secretario general, dictó una resolución» por la que ordenaba que se procediese a permitir el acceso a la aplicación informática del presupuesto general del Concello a los gestores de gastos e ingresos dependientes del área de la secretaría general municipal.
La interventora considera que esta y otras medidas suponen un medio de «acoso» a su persona, iniciado ya hace meses.