tribunales El TSXG tumba el plan sectorial de Menáncaro diseñado por PP e IF

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado el plan de sectorización de Menáncaro que el gobierno de PP e IF aprobó en solitario en el año 2007. La sala de lo contencioso-administrativo admitió a trámite el recurso contra el acuerdo plenario presentado por dos de los afectados por los planes municipales para urbanizar la fraga, situada en Serantes, y construir allí 69 chalés y un hotel. El pasado mes el tribunal emitía una sentencia en la que anula el plan por motivos técnicos.

Los jueces de la sala entienden que el plan de sectorización, que definía un ámbito de 1.674 metros cuadrados de superficie calificada como suelo rústico de protección ordinaria, modifica las determinaciones del Plan Xeral de Ordenación Municipal. El Concello se escudaba en que esa alteración no afectaba a suelo de especial protección y no alcanzaba el 5% de la superficie del ámbito. Sin embargo, los recurrentes, representados por José Antonio Castro Bugallo y dirigidos por el abogado Cristóbal Dobarro, sostenían en su recurso que este extremo no era aplicable a los planes de sectorización, sino solo a los mencionados expresamente en el artículo 62.2 de la Ley 9/2002, es decir, a los planes parciales y especiales.

El TSXG considera que no se trata de una «omisión involuntaria» del legislador, sino una consecuencia de la diferencia que se establece entre dos clases de suelo, y por ello estima el recurso presentado contra el Ayuntamiento de Ferrol y también contra Bros Noroeste Inmobiliaria y la sociedad agraria de transformación Agropino. La sentencia, no obstante, desecha las alegaciones de los recurrentes sobre la omisión de los trámites de evaluación ambiental estratégica y de impacto ambiental. El polémico plan de sectorización fue aprobado en un pleno celebrado el 20 de abril del 2007 por silencio administrativo, pese a los tres informes negativos emitidos por la Xunta, que llegaron fuera de plazo.

La anulación del plan de sectorización supone en la práctica la nulidad también de cualquier otra gestión o trámite administrativo posterior que se haya realizado fundamentándose en ese documento. O lo que es lo mismo, retrotrae a la fase inicial ese proceso, como si ese plan nunca hubiese existido. Sin embargo, sus consecuencias no tendrán trascendencia en la actualidad. Con la entrada en el gobierno ferrolano del bipartito PSOE-IU se aprobó la elaboración de un estudio para realizar una modificación puntual del PXOM y evitar así cualquier tipo de actuación urbanística en la fraga de Menáncaro. Ahora con el gobierno en minoría de los socialistas el proceso continúa y el Concello aguarda los primeros resultados en enero.

Contra la decisión judicial se puede presentar recurso de casación en un plazo de diez días desde la comunicación.