El Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ordenó a finales del pasado año el cese de la actividad del hotel de Río do Pozo, que se había acogido al procedimiento concursal, un mandato que entró en vigor el pasado día 2. Pero la treintena de trabajadores del establecimiento tienen que acudir diariamente a sus puestos debido a que no se ha producido un entendimiento entre los representantes sindicales y los administradores de la quiebra sobre las indemnizaciones que les corresponden a los empleados.
El área de servicio del polígono naronés pertenece al empresario Amador Castro, quien también cuenta con otra empresa en la comarca, Enviroil -dedicada al reciclaje de aceites industriales y de residuos Marpol de los puertos- que atraviesa por serias dificultades.
Los empleados del hotel tendrán que esperar ahora a que sea el juez el que dictamine sobre la extinción de la relación laboral de los trabajadores y fije la cuantía de las indemnizaciones correspondientes. Ayer, los sindicatos remitieron al Juzgado de lo Mercantil de A Coruña el acta explicativa de la falta de acuerdo sobre las compensaciones -los administradores ofrecían 22 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y la plantilla lo rechazó- y la solicitud de que se extinga la relación laboral.
Zeltia López, delegada del sindicato CC OO en la firma, aseguró ayer que los empleados llevan desde septiembre sin percibir sus salarios. «Cada semana vaise voluntariamente un traballador porque esta situación é insostible. E iso nos preocupa moito, que a xente se vaia sen o que lle corresponde», afirma.
Desánimo
Tras casi cuatro meses teniendo que presentarse diariamente en sus puestos pese a no recibir su sueldo por ello, el desánimo es general entre la plantilla, que solo espera el visto bueno a la extinción de los contratos para poder arreglar sus papeles del desempleo y buscar un nuevo puesto. «Esperemos que o xulgado non tarde agora máis dun mes», anunció Zeltia López.
La estación de servicio de Río do Pozo -formada por el hotel con un spa y una gasolinera- fue inaugurada hace tres años. A finales del pasado mes de junio, la empresa propietaria solicitó voluntariamente acogerse al procedimiento de concurso voluntario, que frenó la ejecución de un embargo que iba a llevar a cabo una entidad bancaria. Entonces se reconocieron deudas por casi 2 millones de euros, aunque se sospechaba que los números rojos eran superiores.
No obstante, entonces la empresa no presentó ni el balance contable del 2006 ni del 2007, aunque se había acreditado que las deudas eran superiores a los fondos propios, por lo que fue aprobada la administración concursal.
Fuentes sindicales explicaron que el empresario no presentó, tal y como tenía que hacer, el plan de viabilidad para garantizar el futuro del complejo, el único de sus características ubicado en un polígono industrial en la comarca.
Falta de pago
Los problemas económicos continuaron y, la actividad prácticamente se apagó en el verano, cuando en el propio establecimiento ya llegaron a denegar la posibilidad de celebrar grandes eventos.
A finales de verano comenzaron de nuevo los impagos a los trabajadores, que se han visto obligados a acudir a sus puestos para mantener sus derechos, ya que, de lo contrario, podrían ser despedidos y perder todos sus derechos que habían adquirido.