Solo dos concellos piden permiso para utilizar cámaras de vigilancia

Luís A. Núñez

FERROL

Neda tramita la solicitud ante la Delegación del Gobierno para blindar sus edificios públicos

25 feb 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

Solo dos concellos de la comarca, Ares y Neda, han solicitado a la Delegación del Gobierno la autorización para instalar cámaras de videovigilancia en el exterior de sus inmuebles públicos. Se trata de una medida que se puede tomar siempre que los aparatos no interfieran en la intimidad de los vecinos. Esto supone que únicamente pueden enfocar los ángulos circundantes a los edificios de la administración.

En el primero de los casos, el de Ares, la situación es bien distinta a Neda. Sin que se registren casos señalados de vandalismo o amenaza alguna que comprometa la seguridad del inmueble, el Concello de Ares ha tramitado la pertinente solicitud para tratar de legalizar un problema que consideran heredado del anterior mandato.

El actual regidor aresano, el socialista Julio Iglesias, se encontró a su llegada al despacho de Alcaldía con que el inmueble ya disponía de un servicio de videovigilancia instalado por su predecesor en el cargo, el ahora portavoz del PP en el pleno, José Manuel Cendán. El consistorio disponía de cámaras enfocadas hacia la entrada del mismo, un amplio recibidor al aire libre rodeado por vallas de forja que, como se puede apreciar en la imagen, invitan a no franquearlas por el agudo filo con el que apuntan al cielo.

Pero la liebre la levantó recientemente una reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, por la Asociación de Defensa para os Dereitos Civís en Galicia al detectar que las citadas cámaras carecían de la autorización necesaria según recoge la legislación vigente en lo que respecta a servicios de videovigilancia de exteriores.

El propio Múgica manifiesta que «la entidad local vulnera los derechos fundamentales, por lo que ahora deberá seguir los cauces legales correspondientes». En este aspecto, desde el gobierno municipal se manifestó que las cámaras no están en funcionamiento desde que se tiene conocimiento de la irregularidad, y afirmaron que ya se ha puesto en marcha la maquinaria precisa para legalizar su situación, algo que podrá hacerse efectivo en cuestión de días.

En el segundo de los casos, el de Neda, la solicitud de autorización responde a una necesidad de blindar los inmuebles de la administración municipal contra los constantes ataques vandálicos y pequeños hurtos. El índice de vandalismo está por las nubes en ese ayuntamiento y, por ese motivo, no solo se ha pedido permiso para colocar cámaras exteriores en el consistorio, sino también en otros edificios severamente castigados como el albergue de peregrinos ubicado en el paseo marítimo, el centro cívico y la nave de servicios.

En este último lugar, al que la Policía Local traslada los vehículos requisados, han llegado a forzar la puerta para llevarse motos intervenidas.