Un acusado de intento de estafa con un paquete enviado a Santa Marta dice que era una deuda de drogas

La Voz LA VOZ | FERROL

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14 sep 2005 . Actualizado a las 07:00 h.

?omás Vargas Civila, juzgado ayer en Ferrol bajo la acusación de estafa, reveló durante el juicio que en realidad el asunto tiene relación con una deuda por tráfico de drogas. Todo comenzó cuando el 15 de marzo del 2001 la empresa de transporte MRW entregó a un vecino de Ortigueira un paquete remitido desde Pamplona por la persona que se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal de Ferrol. El destinatario recibió el envío en un bar de Santa Marta y pagó los portes y la factura de 604 euros. Cuando la trabajadora que hizo la entrega se disponía a partir, explicó ayer en el juicio, salió del bar el destinatario y le impidió marcharse. El problema estaba en que al abrir el paquete se encontró con que contenía una plancha vieja y un paquete de patatas fritas. El ortegano C.P.P., que era el destinatario, declaró que aguardaba discos informáticos para saldar una deuda con el remitente. Tomás Vargas, que llegó a la vista conducido desde una prisión en la que cumple condena por otros hechos, confesó que el asunto tiene relación con el trapicheo de drogas. Dijo al tribunal que había conocido al ortegano en Pamplona, que luego él viajó a Galicia. Estuvo en Ortigueira y fue a Pontevedra a comprar una pequeña partida de cocaína que iba a pagar con el envío de un paquete con hachís. Sin embargo en el viaje de regreso a Pamplona se encontró con que la cocaína estaba en mal estado y, por ello, metió en el paquete cosas sin valor. Pero tanto las respuestas del inculpado como del testigo ortegano fueron bastante confusas. El asunto llegó a los tribunales por la denuncia de la agencia de transportes. La conductora declaró que tras el incidente, cuando el destinatario no la dejaba marchar si no le devolvía el dinero, la empresa denunció lo ocurrido. La trabajadora indicó que alguien la llamó poco antes de llegar a Ortigueira con el paquete y le dijo que bajo ningún concepto permitiese al destinatario abrirlo antes de pagar. La fiscal mantuvo su acusación de estafa en grado de intento, delito por el que solicitó cuatro meses de prisión. La defensa, al estimar muy poco claras las pruebas, pidió la libre absolución.