La policía investiga los contratos del Gobierno de Camps con Urdangarín

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El juez reclama copia de un convenio con Noos por tres millones de euros para asesorar un evento deportivo que nunca llegó a celebrarse

09 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

No solo Baleares. El juez del caso Palma Arena, José Castro, y la Policía Judicial tienen en su punto de mira los contratos de la institución que presidió Iñaki Urdangarín con el Gobierno de Francisco Camps, en particular la adjudicación de un concurso por tres millones de euros al Instituto Noos para la «promoción de la candidatura de la Comunitat Valenciana como sede de la primera edición de los juegos europeos», un evento que nunca pasó del papel.

La policía se personó el lunes en la Consejería de Presidencia de la Generalitat y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) para reclamar copia de toda la documentación sobre los dos grandes contratos que en los años 2004 y 2005 el Ejecutivo de Camps cerró con el Instituto Noos de Investigación Aplicada, fundación de la que fue presidente el esposo de la Infanta Elena hasta junio del 2006.

El concurso del 2005 es el de los juegos europeos. Fue adjudicado en diciembre de aquel año a Noos por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat. Unos meses antes, en octubre del 2005, Camps y Urdangarín presentaron oficialmente la candidatura a esos juegos, que debían celebrarse en el 2010. Según el acuerdo, Noos debía diseñar el informe de la candidatura, presentar el proyecto a las instituciones deportivas, crear una oficina técnica y contratar asesores para convencer a los 45 comités olímpicos europeos. El 5 de mayo del 2006, el Gobierno regional aumentó el «presupuesto de gastos» para cerrar el contrato con Noos por tres millones. Pero el proyecto de los juegos quedó en nada. La 37.ª asamblea de los comités europeos rechazó la iniciativa.

Según informó ayer la Generalitat, al frustrarse el proyecto, solo se abonaron 382.000 euros en concepto de «trabajos previos realizados». Y, aseguró, ese contrato ya fue fiscalizado por la Intervención General, que no se halló ninguna irregularidad.

El segundo convenio reclamado por el juez Castro, que desde julio del 2010 mantiene una pieza secreta sobre Noos, es el firmado por Cacsa en el 2004 para la celebración de Valencia Summit, tres reuniones internacionales de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos. Cada uno de los tres años en los que estuvo vigente este convenio, Noos se embolsó 450.000 euros (en total, 1,35 millones). La Generalitat sostiene que también esto fue supervisado por el Tribunal de Cuentas.

Valencia Summit

La polémica sobre Urdangarín no es nueva en Valencia. La oposición ya preguntó en el Parlamento a Camps por las adjudicaciones a Noos en el 2010. Ayer, Izquierda Unida registró varias solicitudes de documentación en las Cortes sobre Valencia Summit; según EU, Noos se llevó por aquellos encuentros 3,5 millones, más del doble de lo que reconoce la Generalitat.

Los requerimientos al Ejecutivo valenciano coincidieron en el tiempo con la intervención de la Policía Nacional y del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que el lunes registraron la sede del Instituto Noos en Barcelona en busca de documentos sobre el supuesto desvío de 2,3 millones por parte del Ejecutivo del expresidente balear Jaume Matas (PP) al instituto creado por Iñaki Urdangarín.