El futuro de los presos, primera incógnita a resolver

El anuncio de «cese definitivo» de la violencia de ETA plantea un reguero de incógnitas que solo el tiempo podrá despejar. Desde la suerte de los más de 700 terroristas encarcelados en España y en Francia hasta el futuro electoral de la ilegalizada izquierda aberzale, pasando por el desarme de la organización o el rumbo de la lucha antiterrorista. Populares y socialistas han asegurado por activa y pasiva que no habrá concesiones políticas a cambio de la paz y, mucho menos, una amnistía general, como reclaman los terroristas y la izquierda aberzale. Pero ambos partidos se han mostrado dispuestos a dar pasos si ETA anunciaba su disolución sin condiciones.

El acercamiento de presos es una reclamación histórica de ETA. En principio, sería la medida penitenciaria más fácil y menos polémica, pues no supone la aplicación de beneficio carcelario alguno. No hacen falta cambios legales porque el reparto de los presos por los centros es potestad de Instituciones Penitenciarias, sin tener que dar explicación a jueces de vigilancia o tribunales sentenciadores. Además, tiene el respaldo de la legislación, que establece que el preso debe cumplir condena cerca de su lugar de residencia o donde tenga arraigo social.

Excarcelaciones

Las excarcelaciones serían más polémicas, de mayor complejidad legal y llena de particularidades. Aquí caben muchas posibilidades, pero siempre de manera individualizada. El margen del futuro Gobierno será muy limitado con los terroristas que no se reinserten, pidan expresamente perdón a las víctimas y acepten pagar las indemnizaciones de sus atentados. La libertad condicional para los terroristas condenados a grandes penas es imposible, con el Código Penal en la mano, mientras no cumplan siete octavas partes de su condena, lo que supondría de 26 a 35 años de prisión efectiva.

Unos 181 reclusos podrían aspirar a progresar a segundo grado penitenciario, a los que Instituciones Penitenciarias, con la autorización del juez de vigilancia, les puede permitir salidas a las calle para cursos o trabajos.

Medio centenar de terroristas están pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la doctrina Parot, aplicada por el Supremo desde el 2006 y que alarga en varios años la condena al computarlos beneficios penitenciarios sobre el total de la condena y no sobre el total del cumplimiento.

ETA echa la persiana con 121 presos aún pendientes de juicio y cuando todavía en la Audiencia Nacional se acumulan, en diferente fase de instrucción, cerca de 150 sumarios. Los jueces de la Audiencia ya han dicho que no van a cambiar un milímetro sea cual sea la situación política. Un centenar de dirigentes del mundo radical vasco está a la espera de juicio, encausados en cuatro sumarios. La cara más conocida del independentismo radical, Arnaldo Otegi, acaba de ser condenado a diez años de cárcel. La izquierda aberzale ha planteado con insistencia su liberación, que ahora está en manos del Supremo y que debe decidir si confirma la sentencia de la Audiencia Nacional.