La jueza del caso ERE lleva al Supremo el conflicto por las actas de la Junta andaluza
ESPAÑA
Imputa a un exconcejal y a dos exmilitantes socialistas
09 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, Mercedes Alaya, ha elevado al Tribunal Supremo un escrito para que, tal y como reclamó la Junta de Andalucía en marzo, dirima si es competente para analizar las 480 actas de los consejos de gobierno andaluz durante los últimos diez años, que permanecen guardadas en los juzgados de forma preventiva. El Ejecutivo regional las recogerá en los próximos días, toda vez que la Audiencia de Sevilla le ha dado la razón al estimar que su custodia por parte de la Administración andaluza no supone un riesgo para la investigación.
En su escrito al Supremo, Alaya reitera que dichos documentos «no son secretos» y que, además, constituyen una prueba fundamental a la hora de determinar si hubo alguna actuación delictiva por parte de la Administración pública o de algún funcionario. Es decir, si el Ejecutivo conoció en algún momento que, conforme a las quejas de la Intervención General, las ayudas a los ERE se estaban concediendo de forma anómala.
Además, los falsos prejubilados incluidos en los ERE subvencionados con dinero público en Andalucía durante los últimos diez años han empezado ya a desfilar ante la jueza. Los tres primeros, que se han negado a declarar, han sido imputados por un delito de tráfico de influencias. Uno de ellos es el exconcejal de Camas y exsecretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio José Antonio García Prieto; otro es el exmilitante socialista Juan Manuel L. E., mientras que el tercero es concuñado de Antonio Rivas, exalcalde de dicha localidad y exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía durante la época en la que supuestamente se cometieron las irregularidades.