El máximo órgano fiscalizador ha admitido a trámite la querella presentada hace dos meses por el PP y abrirá una investigación al encontrar indicios de que «que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos».
03 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La investigación por las falsas prejubilaciones en los ERE pagados con dinero público en Andalucía sube un nuevo peldaño y ha llegado al Tribunal de Cuentas. El máximo órgano fiscalizador ha admitido a trámite la querella presentada hace dos meses por el PP y abrirá una investigación al encontrar indicios de que «que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos».
El escándalo saltó a la luz a raíz de las numerosas irregularidades descubiertas en la gestión de una empresa mixta, Mercasevilla. Al tirar del hilo, la revisión de los ERE permitió descubrir que numerosas personas ajenas a las empresas eran incluidas como falsas prejubiladas. La investigación interna realizada por la Junta de Andalucía ha descubierto irregularidades en 42 de las 68 empresas investigadas, y 72 intrusos o falsos prejubilados, así como otras 111 personas que presentan alguna «discordancia administrativa». En total, el fraude alcanzaría los nueve millones de euros.
Mientras la jueza de instrucción numero 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, continúa su investigación y centra sus pesquisas en determinar si el Gobierno andaluz conoció en algún momento que el dinero para pagar los ERE estaba al margen de cualquier control administrativo, ahora es el Tribunal de Cuentas el que inicia una nueva indagación para esclarecer el perjuicio a las arcas públicas.
«Fraude monumental»
El anuncio de la nueva investigación fue valorado por el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, quien dijo que esta decisión confirma que es un «fraude monumental» con responsabilidades «no solo políticas, sino también penales». «Queda claro que desde la Junta de Andalucía se ha permitido que se haya usado el dinero de los parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE, a ayuntamientos socialistas y a empresas amigas del PSOE», dijo. Y añadió que viene a contradecir a aquellos que «se empeñaron en decir que la investigación era un capricho» de la jueza.