El Gobierno catalán admite insuficiencias en el dispositivo policial
17 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Artur Mas pidió ayer un «castigo ejemplar» para los que llevaron la violencia a las puertas del Parlamento, cometiendo «delitos que están perfectamente tipificados», al tiempo que la Fiscalía abría diligencias para investigar los actos violentos del miércoles. El presidente catalán señaló que su Gobierno será «contundente y tremendamente exigente» con los «auténticos cafres» que agredieron a los diputados que pretendían acceder al Parlamento y cometieron «un atentado flagrante contra nuestra democracia». Además, anunció que habrá más detenciones.
Mas reconoció que el dispositivo policial no estaba preparado para controlar la violencia. «Se nos dijo que la protesta sería pacífica, pero nos encontramos con una kale borroka organizada por gente que usaba la violencia extrema, la intimidación y la coacción», afirmó en la sesión de control al Gobierno.
El consejero de Interior, Felipe Puig, admitió en la misma línea que el dispositivo policial para proteger a los parlamentarios se quedó corto y que hubo «insuficiencias», aunque destacó las dificultades del operativo, ya que 600 mossos tenían que proteger un perímetro de cuatro kilómetros asediado por unas 3.000 personas. «Hay una evidencia, no fuimos capaces de defender en todo momento la integridad de todos los diputados», reconoció, aunque destacó que se habían logrado los objetivos de blindar la Cámara y que el pleno se desarrollara con normalidad.
«Ganas feroces» de batalla
Puig dijo que entre los indignados había «profesionales del incidente» que actuaron como una «guerrilla urbana» y que tenían unas «ganas feroces» de que se desatara una «batalla campal». Explicó que las fuerzas de seguridad se enfrentan a métodos cada vez más sofisticados de violencia urbana, que obligan a una respuesta más dinámica y compleja.
El responsable de Interior prometió que los Mossos identificarán al mayor número posible de personas que zarandearon a los diputados y también a los que apoyaron a los violentos de forma pasiva. Asimismo, negó que mossos de paisano se infiltraran para provocar alborotos, como han denunciado los indignados a través de un vídeo que circuló todo el día por Internet, y el presidente de Justicia i Pau, Arcadi Oliveras, contra el que Puig dijo que estudian querellarse.
Además de los siete detenidos el miércoles, los investigadores ya han reconocido a otras diez personas, aunque Puig anunció que la cifra va a crecer. Entre los apresados está uno de los cabecillas de la revuelta, un veterano activista antisistema de más de 40 años, que ya había sido detenido en otras ocasiones por otros altercados.
El artículo 498 del Código Penal prevé penas de tres a cinco años de cárcel para los que empleen la fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un diputado asistir a sus reuniones. El 494 pena con entre seis meses y un año a los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes de los Parlamentos, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.