Los casos de presuntos prejubilados falsos se eleva a un total de 70 personas.
03 mar 2011 . Actualizado a las 13:59 h.La Junta de Andalucía ha detectado 32 nuevos casos de supuestas irregularidades en expedientes de regulación de empleo, que ha calificado de «nuevas discordancias», lo que eleva los casos de supuestos prejubilados falsos a un total de 70 personas.
Los datos han sido aportados hoy durante una interpelación en el pleno del Parlamento por consejero de Empleo, Manuel Recio, que ha expuesto que la investigación interna de su departamento ha analizado 1.569 trabajadores en 35 empresas, de las cuales se han evidenciado que 1.499 presentan una situación «clara» y 70 (los 32 nuevos y los 38 ya conocidos) una situación de «presunta discordancia», lo que ha cuantificado en el 0,04%. Las conclusiones de esta investigación han sido remitidas al juzgado número 6 de Sevilla que investiga el caso Mercasevilla, el origen de estas irregularidades
En la investigación, la Junta ha cotejando datos de los expedientes de regulación aún en vigor y ya ha remitido un primer análisis de las ayudas a empresas que se ha realizado con cargo a la partida que ha contado con 647 millones durante los últimos diez años.
Recio ha precisado que se trata de 130 ayudas por un montante de casi 87 millones, de las que 13 ayudas han ido a los ayuntamientos por un valor de 3,3 millones, al tiempo que ha reiterado que la finalidad de estas ayudas ha sido «la adecuada».
El objetivo de las ayudas ha sido apoyar el mantenimiento y la creación de empleo, según Recio, que ha defendido la «honorabilidad» de las empresas ante estas ayudas.
«Lo mejor para terminar con todas esas sospechas es mandarlo todo a los tribunales y que sean ellos los que certifiquen la legalidad y si ha existido anomalía e irregularidades que así lo juzgue», ha sostenido.
El titular de Empleo comparecerá en Parlamento con la finalidad de que los grupos puedan debatir sobre la documentación y ha insistido en que el objetivo de la Junta es recuperar «hasta el último céntimo» cuando el juzgado determine las irregularidades.
Con anterioridad, el diputado del PP, Carlos Rojas, aludió a las declaraciones del ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, quien afirma en una entrevista en El País que «Los consejeros (de Empleo) decidían las ayudas directas del fondo para empresas», en referencia a José Antonio Viera y Antonio Fernández. «No estamos ante hechos aislados, sino consumados, aceptados y permitidos, ante una política general de la Junta», ha denunciado Rojas, que ha exigido a la Junta y el PSOE que depure responsabilidades «caiga quien caiga».
El popular, que ha pedido la dimisión de Recio, le ha exigido que aclare si las ayudas a las empresas se concedían «según la relación de la Junta y el PSOE con ellas», y le ha advertido que esta situación está tipificada como «tráfico de influencias».
El grupo popular ha pedido una investigación parlamentaria, la dimisión de Fernández y Viera, y ha afirmado que el «nauseabundo» procedimiento de concesión de ayudas «procede» de los gobiernos de Manuel Chaves de los que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, «tenía conocimiento». «Griñán debe explicar donde están los millones repartidos fuera de la ley, quien repartió el dinero de forma ilegal y quien miró a otro sitio. Aquí hay corrupción y esto requiere que el Parlamento investigue el procedimiento irregular que abrió las puertas a la corrupción», ha denunciado.
El consejero cerró su intervención acusando al PP de «perseguir a los socialistas y no que se conozca la verdad», y ha señalado que lo que corresponde a la Junta es «denunciar desde el minuto uno» y remitir datos a la Justicia.