El abogado del grupo ha explicado que el recurso ante el TC se debe a la «falta de tutela y de congruencia» en la actuación de los juzgados provinciales.
11 feb 2011 . Actualizado a las 18:15 h.La Plataforma de afectado de la causa de niños robados ha interpuesto hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por «falta de tutela y de congruencia» en la actuación de los juzgados y por «errores manifiestos en la aplicación del derecho».
Así lo ha explicado en declaraciones ante la sede del Tribunal Constitucional el abogado de la Plataforma de Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, Fernando Magón, que representa a unas 300 familias de toda España.
Este grupo considera que los robos de recién nacidos en clínicas de toda España era consecuencia de una trama perfectamente organizada y, por lo tanto, debe considerarse un crimen de «lesa humanidad» y que les asiste la Convención Internacional de Protección Contra las Desapariciones Forzadas.
La Convención establece que los delitos de «lesa humanidad» corresponden a un juzgado de «situaciones excepcionales como la Audiencia Nacional, con lo que, a parte de todo los demás, se incurre en una falta de errores manifiestos en la aplicación del Derecho», ha argumentado Magón.
El auto recurrido hoy ante el Constitucional, que fue notificado el pasado día 20, rechazaba la solicitud de la ARMH y otras asociaciones de que se realizaran análisis de ADN a varios ancianos, cuyo riesgo de muerte es «inminente» y que podrían tener relación directa con los llamados «niños perdidos del franquismo».
La Sala de lo Penal denegó esta petición recordando que, al haberse inhibido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en favor de los juzgados territoriales en la causa sobre las desapariciones del franquismo, la práctica de dichas diligencias debía ser solicitada a «aquellos juzgados que se consideren competentes».
«Es todo una falta de congruencia», ha subrayado Magón, quien cree que la devolución de las denuncias a los juzgados provinciales es un intento de «desviar el caso hacia delitos todavía indeterminados y aislados unos de los otros para que quede diluido».
«Parece una maniobra para que unos hechos graves se conviertan en unas anécdotas de hace muchos años; un 'tuvo usted un percance desafortunado que no tenía conexión con nada y que está prescrito'», ha señalado el abogado.
Para Magán, existen evidencias de que los robos de niños para su posterior venta era parte de una trama organizada «porque si no, no hubiera sido comprensible que durante tantos años hubiera permanecido al margen del conocimiento de los poderes públicos».
«Carece de lógica que todo eso que venía sucediendo no estuviera estructurado y no contara con el conocimiento del poder estructurado. Todo indica cuanto menos una presunción y indicio» de trama, ha concluido.