«Deben dar ejemplo, porque los españoles lo pasan mal»

E.?C. MADRID/LA VOZ.

ESPAÑA

19 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

María Josefa Ridaura ha sido la primera especialista en abordar doctrinalmente el estatuto de los ex presidentes, estatales y autonómicos.

-Usted mantiene que la legislación no aborda de forma completa cuál debe ser el papel institucional que han de jugar los ex presidentes.

-Se atisba por primera vez en la ley de la Comunidad Valenciana, donde se les permite formar parte del consejo jurídico consultivo. Luego le sigue la legislación estatal en el 2004, que contempla que voluntariamente puedan formar parte del Consejo de Estado. Esto lo adoptó Galicia. Me parece una solución muy idónea, porque pueden aportar todo su acerbo acumulado. Pero deberían tener otras funciones, como formar parte de un consejo de ex presidentes, ser consultados por el Gobierno o desarrollar misiones internacionales de mediación, como hacen Carter o Clinton. La ley extremeña es la más completa.

-La imagen que se tiene es que gozan de prebendas.

-La indemnización por dos años del 80% del sueldo tiene carácter compensatorio y es absolutamente necesaria. No es vitalicia, como se dice. Pero en una sociedad democrática no es positivo que los ciudadanos perciban que quien ha desempeñado la presidencia percibe prebendas, porque no lo son.

-El disfrute de determinadas prerrogativas debería estar ligado a que ejerzan un papel institucional, dice usted.

-Sí, porque si los ex presidentes tienen ingresos elevados en su vida privada, que no los dejan inermes ante la sociedad, no deberían compatibilizarlos con determinadas prerrogativas, como coche oficial, oficina, asistentes o transporte gratuito.

-Aznar y González tienen esos elevados ingresos.

-Si forman parte de consejos de administración, muy legítimamente por cierto, y los españoles lo están pasando mal tienen que dar ejemplo también. Si tienen medios más que suficientes y no ejercen una labor institucional deberían renunciar a esas prerrogativas. Sería beneficioso para ellos que los ciudadanos dejen de tener la imagen de que se están lucrando a costa del Estado. No sería necesaria una declaración expresa, pero sí que llegara a los ciudadanos.