Espera un gesto de las centrales para reanudar el diálogo cuando sustituya a Corbacho, a mediados de mes
02 oct 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La huelga del pasado miércoles no modificará la reforma laboral, pero el Gobierno ya ha asumido que lo obligará a congelar por un tiempo su agenda de reformas. José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer que espera una señal de los sindicatos para recuperar el diálogo social. Aunque primero les advirtió de que no modificará la reforma laboral porque la considera imprescindible para el país.
El Gobierno quiere dar un tiempo a los agentes sociales antes de llamarlos a la mesa de negociación para evitar una imagen de pasteleo que, por lógica, no podrían entender ahora sus bases y menos aún aquellos que salieron a la calle el pasado miércoles. La foto que este jueves protagonizó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Veg, con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, fue, a juicio de algunos dirigentes, un gesto equivocado. Pero en el medio plazo sí hay voluntad de diálogo.
No queda otra porque, como admiten en el Ejecutivo, los sindicatos son importantísimos «canalizadores del voto de izquierdas» y, pese al discutible éxito de la huelga, aún poseen una capacidad de movilización con la que los dos partidos mayoritarios no podrían soñar. Aunque solo sea porque su número de afiliados es casi ocho veces mayor que el de PP y PSOE. Decir que el 29-S ha sido inocuo para el Ejecutivo es, pues, mucho decir. En la reunión del Consejo de Ministros de ayer fue, junto a los Presupuestos Generales, y según fuentes gubernamentales, uno de los principales temas de debate.
Una de las principales bazas con las que jugará el Gobierno para recuperar la confianza de los agentes sociales -los reglamentos de la reforma laboral- ya ha sido despreciada por los líderes sindicales, pero Zapatero tratará de convencerles de que a través de ellos es posible introducir mejoras y garantías para evitar usos abusivos de la ley.
Entre las regulaciones clave se encuentran las de los expedientes de regulación de empleo por causas económicas que, conforme a la nueva norma, facilitan el despido con tan solo 20 días de indemnización. «Evidentemente, no se va a cambiar la letra de la ley, pero los reglamentos sí pueden delimitar qué es lo que se entiende por pérdidas previstas o cómo habría que acreditarlas», explican en la Moncloa.
También entra en el paquete la regulación de las bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social para incentivar la contratación indefinida. Según las fuentes, el Gobierno estaría dispuesto a condicionarlas a que la empresa no rebase en el total de su plantilla un porcentaje determinado de contratos temporales, pactado con los sindicatos. En la reforma laboral se modificaron también los criterios de flexibilidad de las empresas y la posibilidad de descolgarse de los convenios colectivos mediante un acuerdo con los trabajadores. En el Ejecutivo sostienen que reglamentariamente se puede acordar la «cuota de poder» que tendrían los sindicatos en esos procesos.
En todo caso, al Ejecutivo no se le escapa que en la ecuación para volver a trabar una relación fluida con los agentes sociales entra el hecho de que el próximo mes comenzarán su proceso electoral, lo que obliga, dicen, a escenificar un mayor grado de exigencia hacia el Gobierno.
Zapatero dijo ayer en RNE que esperará a que «se calmen las aguas». Y, en todo caso, fijó la designación de un nuevo ministro de Trabajo en sustitución de Celestino Corbacho, a mediados de octubre, como una fecha orientativa para dar un paso al frente, siempre que la contraparte haga propuestas concretas.