Entre las órdenes de detención está la del etarra Cubillas, a quien acusa de estar protegido por el Gobierno de Hugo Chávez.
16 mar 2010 . Actualizado a las 11:27 h.El juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha cursado órdenes internacionales de busca y captura contra los seis miembros de ETA y los seis activistas de las FARC a los que acusó el pasado 1 de marzo de haber colaborado para realizar cursillos de adiestramiento en la selva venezolana y de haber planeado atentados en Madrid contra el presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su antecesor en el cargo, Andrés Pastrana, entre otras autoridades del país americano. El magistrado, en su resolución, especifica que la mayoría de los reclamados residirían en Cuba y Venezuela, país este último al que el instructor acusa de «cooperar» con ambos grupos terroristas.
Según informaron fuentes judiciales, los etarras en busca y captura desde ahora son: Arturo Cubillas Fontán, el máximo responsable «del colectivo de ETA» en buena parte de Sudamérica desde 1999, gran impulsor de los contactos con la cúpula de las FARC y, de acuerdo con Velasco, protegido por el Gobierno de Hugo Chávez, para quien ha trabajado en destacados puestos de la administración; Ignacio Domínguez Achalandabaso, 'Patillas', y José María Zaldúa Corta, supuestos instructores de explosivos en cursillos en la selva; José Ignacio Echarte Urbieta, 'Rizos', quien propuso a ETA realizar experimentos con granadas de gran calibre en la jungla; José Angel Urtiaga Martínez, 'Garrutxu', supuesto responsable de ETA en Cuba entre 1984 y 1998 y contacto con las FARC; y José Miguel Arrugaeta San Emeterio, sustituto de 'Garrutxu' en la isla caribeña.
Velasco, además, solicita la captura de los seis responsables de las FARC que, entre 1993 y 2008, tuvieron algún tipo de contacto con los etarras, según las investigaciones que obran en poder de la Audiencia Nacional. Se trata de Gustavo Navarro Morales, Víctor Ramón Vargas Salazar, Omar Arturo Zabala Padilla, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar y Luciano Martín Arango.
Tanto los colombianos como los etarras están acusados de colaboración con banda armada, tenencia de explosivos y conspiración para cometer homicidios.
La última procesada por el instructor es Remedios García Albert, residente en España, y a quien acusa de ser representante de las FARC en España. García, que ha negado en los últimos días de manera tajante relación alguna con la guerrilla colombiana, había sido citada para ser interrogada el próximo 24 de marzo. No obstante, Velasco ha decidido aplazar esta declaración a la espera de conocer exactamente por qué le investiga su compañero Baltasar Garzón, quien también la tienen como imputada en otro sumario por ser supuesta integrante de la comisión internacional de las FARC.
Extradición
Las órdenes de captura de los doce activistas se producen después de que el Gobierno pidiera explicaciones ulteriores a Velasco, quien a principio de mes se limitó a reclamar la colaboración del Ministerio de Exteriores para que realizara las «gestiones pertinentes ante la autoridad cubana, y en especial ante la Venezolana, para que cooperen a la entrega extradicional de algunos de los procesados». Según responsables de la Audiencia Nacional, si Caracas y La Habana acceden a la detención de los reclamados, Velasco pedirá de inmediato al Ejecutivo que comience los trámites para la entrega judicial.
El instructor del a Audiencia Nacional, en el auto de procesamiento de los ahora reclamados, aseguró que en su juzgado «obran diligencias que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita cooperación entre las FARC y ETA». En ese documento, Velasco daba detalles sobre cursillos conjuntos en la selva venezolana sobre manejo de armas, explosivos militares e, incluso, utilización de misiles tierra-aire.
Esos acuerdos de colaboración trasatlánticos en los que fue clave el reclamado Arturo Cubillas incluían el compromiso de ETA de «colaborar para localizar en España» a varios objetivos de los terroristas colombianos. En particular, las FARC pidieron ayuda a los etarras para preparar atentados en «España o en otro país de la UE» contra Uribe, Pastrana, diplomáticos, empresarios y otros políticos y militares residentes en Madrid.
Según el juez, esos planes llegaron a ser algo más que elucubraciones. Uno de los miembros de las FARC cuya captura solicita ahora, Víctor Ramón Vargas, viajó en dos ocasiones durante 2000 a Madrid, «hizo vigilancias sobre la embajada de Colombia», «controló los itinerarios que realizaba Pastrana» e informó de que «no sería difícil atentar siempre que se contase con la ayuda de ETA».