TRIBUNALES Más de 1.400 jueces reclaman un pacto de Estado para despolitizar la justicia

El espíritu crítico surgido en la carrera judicial bajo el denominado «Movimiento 8 de octubre», la rebelión nacida en la red hace año y medio en respuesta a la «politización» del caso Mari Luz Cortés, tomó hoy un nuevo impulso con la presentación en Madrid de un manifiesto suscrito por más de 1.400 jueces y magistrado en el que reclaman un pacto de Estado que ponga fin al «desmesurado» grado de injerencia política en la Justicia.

En un ambiente reivindicativo, con espectadores como el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, los responsables de la plataforma denunciaron el «progresivo control» de la judicatura a través de sus órganos de gobierno, en especial del Consejo General del Poder Judicial, «una suerte de parlamento en miniatura cuya politización ha hecho un tremendo daño a la imagen de la Justicia y de los jueces», criticó el portavoz del incipiente colectivo, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer.

El magistrado consideró que las «luchas políticas» se han trasladado al Consejo, una situación ante la que es necesario «democratizar» la elección de todos sus órganos de gobierno dando a los togados la potestad de elegir a sus representantes. La principal reivindicación es la elección por sufragio universal por todos los magistrados de los 12 vocales de procedencia judicial que integran el Consejo. Y así sucesivamente con los presidentes de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales.

«Con ello queremos cortar de raíz cualquier posibilidad de hacer carrera al margen de los méritos personales y profesionales», señaló el decano de Valencia, en velada referencia a los últimos acontecimientos en el Consejo, con las denuncias del vocal Gómez Benítez por el «pasteleo» en los nombramientos de altos cargos judiciales y las pugnas internas por el expediente para la suspensión de actividades de Baltasar Garzón.

«Alto riesgo»

Pero las reclamaciones de la plataforma no se quedan ahí. Como si de una asociación judicial se tratara, pese a que sus responsables recalcaron que no pretendían «competir o suplantar» a ninguno de los cinco colectivos profesionales existentes, presentaron un paquete de medidas que afectan a las tareas comunes de los jueces.

En primer lugar se quejaron de la precariedad de medios con la que trabajaban -«la nuestra es una profesión de alto riesgo y trabajamos a destajo», especificó Viguer -, y en segundo término criticaron el escaso presupuesto destinado a la Administración de Justicia (el 1% frente al 3,5 de la media europea) y el ratio jueces por habitantes, uno de los más bajos de la UE con 10 magistrados por cada 100.000 personas. La plataforma se marca como meta solventar estos dos «problemas endémicos» en los próximos cinco años. Y en caso de que no se produzcan avances advirtieron futuras movilizaciones.

Otros asuntos que no pasaron desapercibidos son la necesidad de reformar del sistema retributivo de la carrera, las condiciones de jubilación y, en el apartado meramente laboral, la obligación de mantener en poder de los jueces las competencias en la instrucción del proceso penal -ante los cantos de sirena de que sean los fiscales quienes se hagan cargo- o las funciones procesales que la nueva oficina judicial atribuye a los secretarios judiciales, en cuanto a la dirección de la agenda de señalamientos.

Todos estos temas ya están siendo abordados por la comisión formada por el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales. Sin embargo, la plataforma naciente considera que desde la última huelga de jueces del 18 de febrero del pasado año no se ha producido «ni el más mínimo cambio» y que «era hora de actuar».

Al manifiesto se han adherido jueces asociados, no asociados y nombres tan mediáticos como el propio Velasco o su compañero en la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.