INTERIOR Sitel, un «gran hermano» bajo sospecha

Dicen los mandos de la Policía Judicial que desde que en 1901 en España se comenzaron a utilizar las huellas dactilares para perseguir a los delincuentes no había habido una revolución tan importante en la investigación criminal hasta la implantación de Sitel en EL 2004. «Es como pasar de una bicicleta a un Ferrari», explica uno de los funcionarios que hace cuatro años y medio trabajó codo con codo con la empresa danesa ETI en la puesta en marcha en el polémico Sistema de Integrado de Interceptación Telefónica, que en su momento costó 9,8 millones de euros al Ministerio del Interior.

Sitel ha pasado de la sombra a la luz tras la denuncia del PP de su dudosa constitucionalidad, pero su historia ya tiene unas páginas. Comenzó a utilizarse, en «fase experimental» y sin apenas amparo legal, en los días posteriores a los atentados del 11-M. Su uso permitió conocer en tiempo record tres datos claves para la investigación de la masacre: la procedencia de los móviles usados para activar los explosivos, la ubicación de la casa de Chinchón donde los terroristas prepararon las bombas y reconstruir minuto a minuto el viaje de los terroristas a Asturias para hacerse con la goma dos.

«Sitel presentaba algunos problemas, sobre todo porque no sabíamos utilizarlo, pero en cuestión de horas dio pistas que antes hubiéramos tardado semanas en conocer», explica uno de los responsables de la Comisaría General de Información que trabajó en aquella investigación.

Su éxito en el 11-M fue su bautismo de fuego. En cuestión de semanas, todas las unidades judiciales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil comenzaron a usarlo en sus «pinchazos». Para el 15 de abril deL 2005, cuando el Gobierno aprobó el real decreto que regula Sitel, el sistema ya se utilizaba en todas las intervenciones de comunicaciones por orden judicial. «Han sido miles, quizás decenas de miles de interceptaciones», apuntan los gestores del proyecto.

«¿También en Gürtel?» La respuesta es tajante: «¡Claro! En Gürtel, en la operación Malaya, en el chivatazo del bar Faisán, en Pretoria, en los seguimientos a los etarras hasta en la más mínima operación sobre menudeo de drogas que requiera de escuchas. Desde el 2005 no hay otro sistema de intervención de comunicaciones en España. Todo es Sitel», aclara un responsable del Ministerio del Interior.

Este mecanismo ha revolucionado la lucha contra la delincuencia.

Lejos quedan ya las horas de guardia de un funcionario enganchado a unos cascos a la espera de que el sospechoso reciba o realice una llamada para darle al botón de la grabadora. Lo único que sigue igual es que un juez debe dar luz verde al «pinchazo». A partir de esa autorización, basta una llamada de Interior a la empresa operadora del teléfono bajo sospecha para que la compañía empiece a desviar a uno de los tres «servidores centrales» -de la Guardia Civil, Policía y Centro Nacional de Inteligencia- un flujo de información «impensable hace sólo unos años».

Ya no es sólo el contenido de la conversación y la persona que llama o recibe, como antaño. Sitel, sin esfuerzo para los funcionarios o trabajadores de las compañías desvela los números y duración de las llamadas sin posibilidad de error; la localización geográfica del teléfono -incluidos desplazamientos- sin necesidad de que se produzca la llamada, uso de diferentes terminales con una misma tarjeta, copia de todos los mensajes de texto o vídeo, correo electrónico y acceso a páginas web.

«Agentes cualificados»

Toda esa información, sin depurar, se almacena en los ordenadores de Interior, que sólo pueden ser consultados por los funcionarios adscritos a esa investigación. Cada vez que un policía consulta esos datos tiene que introducir una clave que permite rastrear qué información ha consultado y si ese acceso tiene justificación. Ahí radica la primera crítica del PP: los denominados «agentes facultados» tienen acceso a una información mucho más amplia que la indispensable para el objeto de la investigación, y no hay mecanismo que garantice que esos datos no saldrán de Interior. Los propios funcionarios reconocen que, en efecto, «buena parte» de esa información «no es operativa», pero explican que «también con los pinchazos analógicos se recababan datos ajenos al objeto de las pesquisas».

Según los protocolos oficiales, un agente debe estudiar esa avalancha de información y discriminar qué datos se entregan a la autoridad judicial, como se hacía antes cuando un policía elaboraba, según su mejor entender, un atestado tras escuchar los «pinchazos». Ese informe, a modo de resumen, también se hace ahora, pero la denominada «evidencia legal» no es una cinta de audio, sino un DVD que entrega al juez. Ahí se centra la segunda queja del PP: nadie garantiza que ese soporte corresponda a todo lo recogido en las grabaciones o que no haya sido manipulado. Tampoco hay un instrumento que supervise que la información desviada por la operadora es toda la recogida y es veraz.