violencia de género El Congreso, a favor de que los condenados por maltrato pierdan la custodia y las visitas de sus hijos

La condena firme por un delito de maltrato debe conllevar la pérdida de la custodia de los hijos menores y del régimen de visitas para el agresor, ha propuesto la subcomisión encargada de estudiar la ley de violencia de género, que hoy ha concluido la redacción de su informe tras nueve meses de trabajo.

El borrador del texto debatido hoy será ratificado en la próxima reunión de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, el 17 de noviembre, que elevará sus recomendaciones al Gobierno.

En declaraciones a la prensa, CiU y PP ya han adelantado que presentarán sendos votos particulares en la Comisión.

En el apartado dedicado a la protección de los hijos que conviven con una situación de maltrato, se recomienda que la condena firme por un delito de violencia de género conlleve la pérdida de la custodia de los menores y del régimen de visitas para el agresor.

En una redacción anterior del mismo informe, conocida la semana pasada, se apostaba por que en el momento de admitirse a trámite la denuncia se procediera a la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos con el padre.

Además se ha incluido la petición del PP de reformar el Código Penal para que el consumo de alcohol y drogas deje de ser una atenuante en los casos de maltrato, al igual que ocurre en los delitos contra la seguridad vial.

Dicha reforma ya la llevaba el PP en su último programa electoral.

En cuanto a los menores, la subcomisión defiende que la orden de protección sea extensiva a ellos; se opone a la mediación familiar cuando hay maltrato y aboga por la asistencia psicológica a los niños, si es necesario.

También pide más financiación para los recursos sociales destinados a las víctimas y que éstas y sus hijos sean atendidos en centros de atención integral a las víctimas.

En relación al tratamiento estadístico, la subcomisión -en la que han comparecido expertos de distintas disciplinas dedicados a este campo-, pide contabilizar los casos de recuperación de éxitos de víctimas.

La diputada Mercé Pigem (CiU) ha avanzado que su voto particular pretende la separación de las competencias civiles y penales en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (la ley integral, aprobada hace cuatro años, unificó ambas).

A juicio de la diputada catalana, los juzgados están dando prioridad a los asuntos más graves (penales), lo que repercute en el retraso de la tramitación de los de carácter civil (incumplimiento de pensiones, régimen de visitas a los niños, etcétera).

Por ello, Pigem ha defendido que los tribunales de violencia se ocupen sólo de los asuntos civiles que se derivan de las primeras medidas cautelares y que el resto vuelva a cada uno de los juzgados competentes.

La diputada del PP, Susana Camarero, ha explicado que su grupo presentará un voto particular en el mismo sentido que CiU y estudia plantear otro para mejorar la protección y seguridad de las víctimas.

La portavoz socialista, Carmen Montón, ha agradecido el consenso de la subcomisión en torno a la ley integral contra la violencia de género, al margen de «ciertas matizaciones», y ha adelantado que uno de los mayores logros de la ley fue unificar las competencias.

Por tanto, ha dicho, no se contempla atender la petición del PP y CiU sobre este asunto.