Los armadores critican que el Gobierno no autorizase la contratación de firmas de seguridad extranjeras

El cierre de puertas a la contratación de empresas y ciudadanos comunitarios para la prestación de seguridad privada ha incomodado a los armadores de buques atuneros españoles, que señalan que ese impedimento retrasará la incorporación de vigilantes armados a sus barcos. «Nos van a asaltar los piratas antes de que echemos a andar», dice Moisés Pérez, armador del Albacora IV , el único atunero con base en Galicia que faena en el Índico.

El representante de la Compañía Europea de Túnidos va a contratar seguridad privada para el pesquero, pero desconoce cuándo podrá disponer de ella ni qué número de agentes necesita. «Nosotros sabemos de pescar, no de trámites, homologaciones y armas». Por eso «vamos cogidos de la mano» y son las dos patronales atuneras las que están negociando la contratación de los vigilantes. Lo que sí sabe es que no será para ya: hay que formar a los vigilantes, elaborar el plan de trabajo, trasladar las armas, que finalmente tendrán que adquirir las empresas.

Los cambios legislativos tampoco han agradado a la Asociación Galega de Traballadores da Seguridade Privada, que cree que son un «mero parche que no atiende las verdaderas necesidades del servicio». La orden no especifica la formación ni si un vigilante de seguridad sin experiencia con un curso puede manejar armas de guerra; no establece el personal mínimo por buque ni los medios de protección y, sobre todo, no da cobertura jurídica suficiente al agente en el ejercicio de su labor.?