advertencia El Banco Mundial advierte de un deterioro de la democracia española

El presidente Zapatero ha hecho de su presencia en las reuniones del G-8 una prueba del reconocimiento al peso de España en el escenario internacional. Pero el supuesto poderío económico no se corresponde con la calidad de la administración política. Así lo pone de manifiesto un informe del Banco Mundial sobre el buen gobierno y la lucha contra la corrupción, que sitúa a España a la cola de los países de la OCDE, esto es, los más desarrollados. Y no solo eso, sino que la calidad de la administración de los asuntos públicos ha empeorado en los últimos años.

El informe Los indicadores mundiales del buen gobierno, que llega a su octava edición, evalúa la situación en más de 200 países de acuerdo con seis indicadores. En el mejor de los casos, España se sitúa en el puesto 25 (en el apartado que mide la calidad de las regulaciones), y en el peor cae hasta el 121, el que se refiere a la estabilidad política y no violencia, influido por la persistencia de la actividad terrorista de ETA.

No obstante, en todos los casos la situación es la peor en los últimos diez años, en los que España se colocaba entre los veinte primeros países del ránking. Además, sea cual sea el criterio que se utilice, la gestión administrativa española es peor valorada que la media de los países más desarrollados, aunque mejora la evaluación de vecinos como Italia y Grecia.

Los autores del informe definen la gobernabilidad como las tradiciones e instituciones que ejercen la autoridad en un país, lo que incluye los mecanismos de elección, control y sustitución de los Gobiernos, y la capacidad de estos para aplicar las políticas. El informe se elabora en base a las opiniones de decenas de miles de personas de todo el mundo, incluidos ciudadanos de a pie, oenegés, expertos privados y representantes del sector público.

El primer indicador, denominado voz y responsabilidades, mide el grado de participación de los ciudadanos en la vida pública, incluida la elección de los Gobiernos. España ocupa el puesto 29, y se mantiene básicamente en los niveles de los últimos años. Igual que en el apartado que mide la calidad de las legislaciones y las normas que impulsan la actividad privada, en el que se sitúa en el lugar 25 del ránking; y en el referido a la aplicación de las leyes, aunque en este baja hasta el puesto 32.

La peor clasificación viene dada por el parámetro estabilidad política y no violencia, ya que la violencia terrorista hunde a España por debajo de la mitad del ránking (puesto 121). Sin embargo, la situación se ha deteriorado especialmente en los dos indicadores restantes. El que mide la eficiencia gubernamental deja a España en el puesto 43, cuando hace diez años figuraba entre los veinte primeros países, en la media de la OCDE. También es comparativamente peor el control de la corrupción, que trata de medir la capacidad de los Gobiernos para trabajar en beneficio de la comunidad y evitar que las élites económicas y los grupos de presión se aprovechen de su cercanía al poder. En este apartado, España ocupa el puesto 85, muy alejado de los países más desarrollados y del entorno político.