tribunales El Gobierno quiere imponer una fianza para poder recurrir las resoluciones judiciales

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, trata de convencer a los grupos parlamentarios para que inicien de inmediato una reforma legal que obligue a cualquier ciudadano, empresa o institución a depositar una fianza simbólica para poder recurrir las resoluciones de los jueces o tribunales. Si el recurso prospera, el recurrente recuperará el dinero en depósito. Si los tribunales desestiman la impugnación, perderá el dinero, que se destinará a mejorar el funcionamiento de la administración de justicia.

Caamaño explicó hoy en el Senado que el objetivo fundamental de la medida es minimizar o terminar con las decenas o centenares de miles de impugnaciones «sin fundamento» que cada año se presentan en España y que, en su mayor parte, sólo persiguen dilatar al máximo los procesos, al tiempo que se convierten en una de las causas fundamentales del actual atasco judicial.

Cree que esta fianza no cercena el derecho a la justicia de todos los ciudadanos porque en caso de que el recurso tenga base y sentido la medida será inocua y el recurrente no perderá el dinero.

Entiende que sólo perjudicará, y servirá de «advertencia», a quienes recurren por sistema y táctica todas las resoluciones, «en lo que constituye un fraude de ley».

Caamaño puso como ejemplo de la magnitud del problema que genera esta práctica perversa el dato de que el 80% de las disposiciones judiciales recurridas el año pasado terminaron confirmadas por los tribunales superiores, que desestimaron los recursos.

El ministro no facilitó hoy demasiados datos sobre las características de la medida porque sus perfiles concretos deben ser negociados antes del próximo martes con los grupos parlamentarios. El Gobierno pretende que la reforma legal se realice como una adición a la ley de la nueva oficina judicial que ahora tramita el Congreso, y cuyo plazo de enmiendas se cerrará el 26 de mayo. Si los planes del ministro prosperan, la fianza previa a la interposición de recursos podría ser una realidad entre el próximo verano y el 1 de enero de 2010, que es el período en el que se prevé que entre en vigor lo dispuesto en la citada norma.

Los comentarios de Caamaño en el Senado sólo permiten adelantar que piensa en una fianza de baja cuantía -«de tarifa plana», según sus palabras-, que sería de aplicación a todos los órdenes judiciales (penal, social, contencioso y civil), y que tendría que satisfacerse en cada impugnación. De hecho, el ministro no sólo habló de los recursos contra sentencias, sino también de los presentados contra autos, providencias y todo tipo de resoluciones judiciales, ante el mismo juez o ante tribunales superiores. No aclaró si el valor del depósito será igual para todas las instancias o si el precio variará según el recurso sea ante un juez, una audiencia provincial o un tribunal superior.

Tres efectos positivos

El responsable de Justicia aseguró que el cambio legal tendría tres efectos positivos. El principal, «desalentar al recurrente que abusa». Los otros dos se derivan del destino que prevé dar a este dinero: ayudar a financiar la plataforma tecnológica para interconectar los distintos sistemas informáteforma es uno de los mecanismos previstos para reducir «el altísimo nivel de litigiosidad» de los juzgados españoles, debido a la enorme cantidad de procesos -9 millones al año- y a su excesiva duración. Junto al «depósito previo» el ministro quiere emprender un proceso de simplificación y disminución de los recursos judiciales posibles -que ahora alcanzan a todas las decisiones judiciales- e introducir cambios legales que descarguen a los magistrados de todos los asuntos que no son «propiamente judiciales». Para cumplir el último objetivo, anunció que potenciará el arbitraje, la conciliación y la mediación y enviará al Parlamento una ley de Jurisdicción Voluntaria, para que conflictos menores puedan ser resueltos por secretarios judiciales, notarios o registradores.