Liberados 10 islamistas acusados de ayudar a huir a autores del 11-M por una deficiencia del juez Garzón
ESPAÑA
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a 10 de los 14 acusados por su integración en una célula islamista con base en Santa Coloma de Gramanet que habría ayudado a huir a algunos de los autores del 11-M. Esta célula había sido desarticulada en las dos fases de la denominada operación Tigris, llevadas a cabo por orden del juez Garzón en los años 2005 y 2008. La sentencia supone un varapalo para el instructor, que inicialmente había procesado a 32 imputados, y también, aunque en menor medida para la Fiscalía, que en su día solo formuló cargos contra los 14 que se sentaron en el banquillo y de los que solo cuatro resultaron condenados con penas muy inferiores a las que se solicitaban. El tribunal ha condenado solo a Kamal Ahbar y a Samir Tahtah a nueve años de cárcel por integración en organización terrorista, a cinco años por colaboración a Mohamed El Idrissi y a dos años por falsificación a Hamed Hamu.
La sentencia, hecha pública ayer, dos meses después de que el tribunal decretase la libertad de buena parte de los detenidos por haber agotado el período máximo de prisión provisional, anula como prueba de cargo el contenido de los correos electrónicos en los que se basó parte de la instrucción.
Los magistrados consideran totalmente ilegales las intervenciones que la Comisaría General de Información hizo de correos electrónicos de los sospechosos sin que mediara autorización judicial alguna. Estos pinchazos suponían las principales pruebas de cargo contra los encausados. Los agentes, explica la sentencia, intervinieron correos con ayuda de servicios de inteligencia extranjeros sin solicitar permiso a Garzón, que nunca llegó a dictar un auto autorizando estos espionajes. La policía entendió que no necesitaba la autorización, ya que las cuentas estaban en servidores extranjeros. Además, según el fallo, el juez dictó una «cadena de confusas resoluciones que posiblemente sean el origen del problema».
Falta de pruebas relevantes
La sentencia también echa por tierra las acusaciones de Garzón, que consideraba a este grupo una de las piedras angulares de la captación del yihadismo internacional y una de las células más activas de envío de futuros mártires a Irak. El varapalo judicial se hace extensible al ministerio público, al que le reprocha que «no haya aportado pruebas relevantes, sino meras afirmaciones apoyadas únicamente en la información o inteligencia policial».
El ponente, Ricardo de Prada y Solaesa emitió un voto particular concurrente -no discrepa del fallo sino del primero de sus razonamientos jurídicos- en el que plantea un concepto de terrorismo más restringido que los otros dos integrantes del tribunal. Considera que el envío de individuos a Irak no es terrorismo estrictu sensu , salvo que se les envíe específicamente a cometer atentados contra civiles.