El lendakari y los socialestas Patxi López y Rodolfo Ares están acusados de reunirse con miembros de la ilegalizada Batasuna.
08 ene 2009 . Actualizado a las 14:34 h.La defensa de Juan José Ibarretxe quiere poder demostrar la inocencia del lendakari y argumentar la legitimidad de los encuentros que mantuvo con la ilegalizada Batasuna, por lo que ha retirado la cuestión previa en la que se pedía la suspensión del procedimiento, que han sostenido el resto de las defensas y el ministerio Fiscal.
El juicio contra el jefe del Ejecutivo vasco y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, además de cinco representantes de la izquierda abertzale, ha comenzado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con la lectura de los informes provisionales de las acusaciones, que piden el procesamiento de los ocho acusados por haber vulnerado la sentencia que ilegalizó Batasuna en los encuentros que mantuvieron en el 2006.
El colectivo Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia han vuelto a reclamar penas que van desde los nueve meses hasta los cuatro años de prisión, al considerar que en las reuniones que celebraron las delegaciones de la izquierda abertzale con Juan José Ibarretxe y también con los líderes del PSE se desobedeció la orden judicial que apartaba a Batasuna de la actividad como partido político. En las cuestiones previas al desarrollo del juicio, el abogado de Ibarretxe, Mikel Casas, ha anunciado que retiraba la cuestión que había planteado y que reclamaba la suspensión de la vista oral.
El letrado ha argumentado que «la pena de banquillo que ha soportado» el lendakari y el resto de imputados en estos dos años y ocho meses desde que se inició el procedimiento es «más que suficiente para que intentemos y demostremos que nos asiste la razón» y, por lo tanto, prefiere que se desarrolle el juicio para que haya una sentencia en que así se refleje. Ha enumerado las «numerosas ocasiones» en que podía haberse anulado este procedimiento y no se hizo, por lo cual, llegados a este punto, el abogado ha estimado que el juicio permitirá «entrar en el fondo del asunto y demostrar la inocencia del lehendakari y de todos ellos» y que no hubo delito porque Ibarretxe actuó de manera legítima con el objetivo de «dar un paso adelante en la búsqueda de la paz».
Según ha dicho, Ibarretxe «hizo lo que tenía que hacer» como máximo responsable del País Vasco, ya que una resolución del Parlamento vasco le instaba a actuar para promover el diálogo encaminado a la normalización política y a que fuera «agente activo en la búsqueda de la paz». Por su parte, la Fiscalía y las defensas de los dirigentes del PSE y de Batasuna han exigido al Tribunal que suspenda la vista oral porque la causa no se puede sostener únicamente sobre la petición de la acusación popular, dado que no existe acusación particular en este caso y el Ministerio público ha mantenido desde la fase de instrucción que no hubo delito en aquellos encuentros.
El letrado de los socialistas, Félix Rojo, ha recordado jurisprudencia en que los procesos penales se suspendieron al no existir acusación de la fiscalía y no haber un perjudicado directo de los hechos, por lo que la continuidad de este juicio, en su opinión, podría poder en entredicho las garantías procesales. Así, se ha preguntado, como lo hizo en su momento el Tribunal Supremo en varias resoluciones, si esta causa se sostiene por el interés de la Justicia en «imponer su criterio» en la vida política.
Por su parte, Jone Gorizelaia, letrada de la izquierda abertzale, ha pedido también que se suspenda el juicio porque se vulneran las garantías procesales ya que, debido a que la mayoría de sus clientes ha permanecido hasta hace escasos días en cárceles alejadas del País Vasco, ello le ha dificultado preparar su defensa, por lo que ha exigido la suspensión de procedimiento hasta que pueda prepararlo con las mismas garantías que el resto de los procesados. El tribunal, presidido por Manuel Díaz Rábago, ha ordenado un receso de media hora y la vista se ha reanudado al mediodía.