REPATRIACIONES Interior autoriza el uso de la fuerza durante las expulsiones de inmigrantes

El Ministerio del Interior ha elaborado su primer protocolo de actuación para las repatriaciones masivas de inmigrantes, que en breve entrará en vigor. En ese documento de 23 páginas, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil autoriza un amplio abanico de medidas de fuerza contra los irregulares que se opongan a su deportación y prevé la inmovilización de los clandestinos siempre que no se pongan en riesgo las «funciones vitales» del repatriado.

El borrador, con fecha del pasado 20 de julio y que el Gobierno pretende aprobar en las próximas semanas, unifica, según portavoces de Interior, las hasta ahora dispersas normas de actuación durante los viajes de deportación e incluye las últimas normativas europeas sobre las deportaciones.

La futura directiva permite que los funcionarios puedan reducir a los «repatriados que se resistan» con «lazos de seguridad» (bridas de plástico), «cascos», «prendas inmovilizadoras homologadas» (que no se especifican), «cinturones», «esposas o similares» e, incluso, «cinta reforzada», más conocida con el nombre comercial de cinta americana.

No obstante, la nueva normativa insiste en que, en principio, los inmigrantes no deberán ser inmovilizados totalmente si no provocan incidentes y que la aplicación de las medidas coercitivas tendrá que ser «motivada» y autorizada por el agente responsable del dispositivo.

El documento reitera que estos medios coercitivos para reducir a los 'sin papeles' no pueden poner en peligro «su dignidad ni integridad física». «El uso de estos procedimientos deberá ser proporcionado y con respecto a los derechos individuales de los repatriados», apostilla la directiva. Además, en el caso de que haya menores en el contingente, cualquier acción violenta contra el pasajero rebelde deberá hacerse lejos de la vista de los niños y adolescentes.

Esposados y desorientados

El texto apunta que en todo momento «los cinturones de seguridad de los repatriados se mantendrán atados durante la duración de vuelo» y sólo se «cortarán los lazos de seguridad» (bridas de plástico con las que se esposan a los inmigrantes) cuando el jefe del dispositivo policial así lo crea conveniente. Los 'sin papeles' únicamente podrán ir al baño acompañados de un funcionario.

La normativa deja a criterio del responsable policial del vuelo la posibilidad de mantener desorientados a los repatriados teniendo durante todo el viaje las «cortinillas cerradas» para evitar que los 'sin papeles' intuyan a dónde se dirigen.

Los agentes, que nunca podrán portar armas de fuego, no podrán tampoco llevar en los aviones ningún otro tipo de arma o herramienta peligrosa, «salvo el material profesional de los módulos de intervención y seguridad» (antidisturbios).

Resquicio a los narcóticos

La directiva prohíbe que los policías droguen a los inmigrantes durante las operaciones de expulsión, tal y como ocurrió en 1996 cuando el departamento que encabezaba Jaime Mayor Oreja repatrió a Mali a inmigrantes narcotizados. No obstante, el texto deja un resquicio legal para utilizar drogas con el fin de apaciguar a los expulsados.

«El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa», señala el borrador, que apunta que sólo un médico del Cuerpo de Policía, que acompañará siempre a las expediciones, «podrá, después de realizar un diagnóstico, administrar medicamentos a los repatriados».

Los equipos de expulsión tendrán en su poder antes del vuelo todos los historiales de los repatriados «que presenten particularidades médicas o que necesiten recibir tratamiento médico». El jefe del grupo podrá, a la vista de estos informes, negarse a embargar a un inmigrante con un cuadro médico complicado.

La nueva normativa también establece que el número mínimo de agentes de escolta: un funcionario por inmigrante repatriado.

Además, la directiva da luz verde al empleo de agentes de seguridad privada en estos traslados. «Los escoltas privados actuarán en calidad de apoyo y subordinados a las instrucciones que impartan o puedan dirigirles» los funcionarios policiales, detalla el texto, que fija en 900 horas anuales el máximo que los agentes de las Unidades de Intervención de Policía (antidisturbios) realizarán en estos servicios aéreos.