Los bateeiros recurren a la Audiencia para eludir el pago de 1,8 millones
ECONOMÍA
La Justicia admitió la petición del colectivo contra la multa de Competencia
31 oct 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Tal y como había anunciado el sector mejillonero en su día, la multa de 1,8 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra el sector no se va a quedar sin contestación. La mayoría de los afectados han formalizado ya el recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional con el fin de frenar y, en el mejor de los casos, evitar el pago de estas sanciones.
La CNC acusa a quince asociaciones de mejilloneros de Galicia de haber pactado precios entre 1997 y el 2008, pues considera acreditado que «la negociación para coordinar las condiciones de venta de mejillón» fue una práctica habitual. Por su parte, las asociaciones argumentan que no hubo «acto lesivo de competencia» alguno y aducen que algunas de las actuaciones han prescrito, que hay desproporcionalidad y que su política de precios siempre estuvo amparada por la Xunta de Galicia, según explican desde Opmega.
Esta es la organización que más se juega en este litigio, pues sobre ella recae la multa más cuantiosa: 901.518 euros. Las otras multas se reparten a razón de Federación Arousa Norte, 479.000 euros; Agame, 118.500 euros; Amegrove, 118.500 euros; Illa de Arousa, 42.000 euros; Cabo de Cruz, 39.500 euros, y Cons de Udra, 30.000 euros. Todas ellas han presentado el correspondiente recurso. El resto han optado por no hacerlo porque sus sanciones son de menor cuantía y les resulta más económico pagar las multas que afrontar una batalla judicial. «O recurso cóstanos 5.000 euros e non temos garantía de éxito», según explica el presidente de A Boirense, Carlos Saborido. Esta asociación con sede en Boiro fue multada con 6.000 euros, que ya pagó. En el caso de San Amaro, Amevila, Egrome, Apromar, Seixo y Xidoiros las multas oscilan entre los 2.500 y los 600 euros. Socomgal, con 48.500 euros de multa, no aclaró a este diario su estrategia en este terreno.
Según informaron fuentes jurídicas, la resolución del caso va para largo, dos años como poco, y no se descarta que llegue a solicitarse vista oral.
Los bateeiros han encontrado eco a sus reivindicaciones en el Parlamento gallego a través del PSOE, que antes del verano presentó una proposición no de ley por la que solicitaba a la Xunta que se personara en el caso y recurriera la sanción. La propuesta fue rechazada por el PP alegando que no podía intervenir en un caso en el que no era parte y los socialistas los acusaron entonces de «deixar tirado ao sector».