LA CRISIS SE RECRUDECE La Unión Europea intenta alejar a la banca de la debacle griega

Los ministros de Economía de la UE dirigieron este sábado su atención a otro de los puntos débiles que ha destapado la crisis de la deuda soberana. Los titulares de Finanzas de los Veintisiete cerraron su cumbre de dos días en Polonia con un análisis de las opciones existentes para proteger a los bancos con más bonos griegos en sus carteras. Aunque no se tomó ninguna decisión en firme, los socios comunitarios apostaron por acelerar la recapitalización de las entidades para disipar dudas. También se planteó una nueva revisión de las pruebas de solvencia o test de estrés que contribuya a restaurar la confianza.

El estado real de la banca europea es una cuestión que ha corrido en paralelo a la debacle griega. A medida que Atenas se ha hundido a mayor profundidad, la preocupación por la exposición de las entidades se ha disparado. Uno de los puntos críticos en esta crisis desdoblada se alcanzó el pasado miércoles. Entonces, Moody's rebajó el rating a dos bancos franceses -Société Générale y Crédit Agricole- por sus importantes activos en deuda helena. La degradación remató varios días de descalabros en los mercados que se frenaron el jueves con la intervención coordinada de los principales bancos centrales del mundo.

Elena Salgado explicó, tras concluir la cumbre en la ciudad polaca de Wroclaw, que habían centrado sus esfuerzos en «romper el bucle existente entre deuda soberana y la estabilidad de las entidades financieras». La ministra de Economía detalló que los Veintisiete habían logrado un «consenso» para acelerar progresivamente la recapitalización de los bancos. La idea, en principio, no implica nuevas inyecciones de dinero público, sino adelantar los plazos previstos para que la banca tenga un mayor colchón de capital.

La vicepresidenta económica no precisó fechas, pero aclaró que los socios habían apostado por fortalecer las defensas de los bancos en el marco de los acuerdos de Basilea III. Bajo el nombre de esta ciudad suiza, sede del Banco de Pagos Internacionales, se engloban los pactos alcanzados hace justo un año por los principales bancos centrales del planeta. Los supervisores optaron por exigir a la banca un capital mínimo del 7% para resistir futuras crisis. Estos refuerzos deberán estar listos entre 2013 y 2018, un plazo que la UE podría anticipar en los próximos meses.

El FMI desveló hace varias semanas que la crisis de la deuda habría provocado unas necesidades de capital de 200.000 millones de euros en el sector bancario europeo. Salgado rechazó estas estimaciones, aunque la salud de las entidades sigue en entredicho.

Según algunos medios, los ministros de Economía estudiaron durante su encuentro un informe que alerta sobre «el riesgo de círculo vicioso entre deuda, liquidez y crecimiento negativo». El secretario de Estado norteamericano, Timothy de la UE debatieron sobre un segundo cortafuegos para alejar a los bancos de la amenaza griega.

Apenas dos meses después de su publicación, los Veintisiete empezaron a pensar en una remodelación de los test de estrés para controlar la solvencia de la banca. El objetivo pasa por aumentar la «rigurosidad» de las pruebas después de que sus resultados fueran muy criticados. Sólo ocho entidades, entre ellas cinco españolas, cayeron en los exámenes realizados a 90 entidades de todo el continente.

Los analistas censuraron en buena medida las pruebas porque no se midió con suficiente intensidad la exposición a la deuda helena.

Los test de resistencia incluyeron escenarios en los que se podría registrar una quita del 15% en los bonos helenos cuando los mercados ya consideran que podría ascender al 50%. De acuerdo a los últimos datos, el sector bancario francés cuenta con la cartera de deuda helena más abultada después de las propias entidades nacionales con más de 41.000 millones. En el caso alemán, el volumen de obligaciones asciende a 17.000 millones.

La UE dictaminó tras los test de estrés que los bancos con suspenso y otros 16 con aprobado raspado debían tomar medidas en tres meses -el plazo expira el 15 de octubre- para presentar una plan de viabilidad. A partir de ahí, tienen hasta abril del año próximo para llevar a cabo su saneamiento apostando de forma prioritaria por opciones privadas como las fusiones.