La Xunta quiere forzar al Gobierno a imponer una factura única y más sencilla
La Xunta prepara una reunión de autonomías para forzar al Ministerio de Sanidad (del que depende la Dirección General de Consumo) a adoptar un modelo de recibo eléctrico único para todas las compañías y territorios. La Consellería de Industria elaboró antes del verano un diseño de la posible nueva factura de la luz, que permitiría una mejor comprensión al cliente y un mayor detalle de los conceptos que influyen en el precio final.
El boceto ha recibido la adhesión de seis comunidades autónomas (Navarra, País Vasco, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia) y al menos otras cinco han mostrado interés por trabajar en esa misma línea. La intención ahora es que las 17 autonomías se citen en Santiago de Compostela el próximo 15 de septiembre, convocadas por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijoo, para analizar los problemas que está ocasionando el actual sistema de cobro.
Desde el año 2009, las eléctricas pueden leer los contadores cada dos meses, pero están obligadas a cobrar mensualmente a los clientes de la tarifa de último recurso (TUR), en total 20 millones de usuarios, que fundamentalmente son hogares y pymes. Para ello, cada mes emiten una factura con consumos estimados que se calcula en función del consumo real medido en el mismo período del año anterior. Al mes siguiente, la compañía liquida las diferencias a favor o en contra.
La idea del Gobierno gallego es combatir con estos cambios el espectacular aumento de quejas ciudadanas contra el sistema de cobro de la electricidad. El sector ha pasado a ser el segundo más denunciado por los consumidores, después del ramo de las telecomunicaciones. Solo en Galicia se vienen registrando desde enero más de mil reclamaciones mensuales de los usuarios ante las oficinas de Consumo de la Xunta.
Todas las comunidades han recibido una invitación personal del conselleiro Javier Guerra para debatir en la cumbre gallega del próximo mes el futuro de la facturación eléctrica. La Xunta pretende forzar un posicionamiento del Ejecutivo central, que, hasta el momento, se ha negado a contestar las sugerencias llegadas desde Galicia. Los ministerios de Industria y de Sanidad han hecho oídos sordos a las peticiones de las comunidades. Y el departamento de Leire Pajín se ha negado a convocar la conferencia sectorial que había demandado la Xunta.
La misma ministra tampoco quiso atender las reclamaciones que encabezó Madrid, y a las que se sumó Galicia, para impedir a las eléctricas cobrar a sus clientes con lecturas estimadas de los contadores. La autonomía que preside Esperanza Aguirre propuso regresar a las facturaciones bimestrales, o bien obligar a las compañías a leer los contadores mensualmente. Hasta siete autonomías se unieron, sin éxito, a la queja madrileña. Ahora Galicia impulsará un nuevo frente para obligar a la ministra de Sanidad a abrir un «debate serio» sobre el futuro del sistema de cobro eléctrico. La unificación y mejora del recibo cuenta además con el respaldo del regulador del sistema. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ya pidió al Ministerio de Industria una renovación de las actuales facturas, aprovechando la adaptación de la ley eléctrica española a las normas comunitarias, algo a lo que, por ahora, se ha apuesto el Gobierno, que también fracasó en su intento de pactar con el Partido Popular el futuro del sistema eléctrico español.
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