La negociación sigue activa, pero sin acuerdos, a tres días de que expire el plazo
22 ene 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Desde el Ministerio de Trabajo decían ayer que «ni confirman ni desmienten» y que no «hablarán» mientras se esté negociando, pero el secretario de Seguridad Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, ?hartos ya los sindicatos de las continuas «filtraciones», tanto de las ofertas del Gobierno como de lo que califican como «globos sonda»? confirmó a Efe que entre las propuestas que han recibido del Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones están eliminar la denominada jubilación especial a los 64 años y la jubilación parcial.
Actualmente los trabajadores de 64 años que hayan cotizado un mínimo de 15 pueden jubilarse sin que se les apliquen coeficientes reductores que mermen la cuantía de su pensión, algo que Trabajo quiere suprimir, según Bravo, igual que la posibilidad que usan las empresas para rejuvenecer sus plantillas, a través de contratos de relevo que cubren jubilaciones parciales.
El Gobierno también ha planteado a los agentes sociales retrasar de los 61 a los 63 años la vía ordinaria para la jubilación anticipada, que sí aplica coeficientes reductores. Sobre la oferta de rebajar a 39 años de cotización en lugar de los 41 planteados en principio por el Gobierno para jubilarse a los 65, Bravo negó que se hubiese llevado a la mesa de diálogo, donde sí se mantiene el mayor escollo: la jubilación a los 67.
Con la cuenta atrás ya en marcha y a falta de tres días para que expire el plazo, la negociación prosigue, aunque sin acuerdo. El discurso de los interlocutores era ayer idéntico al de una semana antes. Mientras que los secretarios generales de CC.?OO. y UGT afirmaban que las posiciones estaban «muy distanciadas», pero que era «posible y necesario» lograr un acuerdo, el vicepresidente Rubalcaba coincidía al decir que el acuerdo «es posible», pero que no lo veía «cerca».
Eso sí, las partes mantienen su voluntad en la negociación, única constante en un proceso trufado de «filtraciones, intoxicaciones y propuestas desconocidas», que los sindicatos exigen no vuelvan a producirse. Porque la intención de llevar el proceso con la más estricta discreción, lejos de los focos, ha fracasado. Se espera ?aunque no hay confirmación? que los contactos continúen el fin de semana.
«Es la consigna del PP, criticar algo con lo que han estado de acuerdo en toda su negociación». Así respondían ayer fuentes del Ministerio de Trabajo al malestar mostrado por comunidades autónomas ?entre ellas, la Xunta? respecto a la ayuda de 350 euros que sustituirá a los 426 (programa Prodi) que percibirán hasta el 15 de febrero los parados sin recursos.
El temor de la consellería es que el Ejecutivo les endose el abono de la nueva prestación, vinculada ?y no en todos los casos? a programas activos de formación, algo que negaron desde Trabajo. «Los fondos, como con el Prodi, los pone el ministerio, otra cosa es que su gestión sea de las comunidades», señalaron, para matizar que el coste se cargará a los 7.400 millones presupuestados para las políticas activas de empleo.
El vicepresidente Rubalcaba trató de calmar los ánimos y, tras el Consejo de Ministros, aclaró ayer que la ayuda de 350 euros es «solo una propuesta» y deberá discutirse en el marco de la reforma de las políticas activas de empleo.
De hecho, se someterá a discusión con las comunidades en la conferencia sectorial de empleo convocada para el lunes. El Ejecutivo aún no ha calculado el coste de la nueva prestación, que se financiará con recursos liberados por tres vías: la reorientación de las políticas activas de empleo, el ahorro de las bonificaciones a la contratación y el Fondo Social Europeo.
La consellería se quejaba ayer de que aún no había recibido comunicación oficial ?ni oral ni escrita? sobre cómo se financiará la ayuda, de la que afirmó que le restará valor a la formación «posto que supón incluír a xente para que cobre unha prestación e non porque esta sexa realmente útil para mellorar a súa empregabilidade».
El lunes acaba el tiempo para los votos particulares al informe del Pacto de Toledo
El lunes ?víspera del pleno del Congreso en el que se votará el informe del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones? se cierra el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus votos particulares al texto.
El BNG, IU-ICV y Esquerra han anunciado que presentarán sus votos particulares conjuntos (lo explicarán el mismo lunes en rueda de prensa) al informe de recomendaciones de la comisión, mientras que UPyD también tratará de introducir modificaciones en el mismo, como la supresión de los privilegios de los parlamentarios en la jubilación.
Según ha trascendido, otros grupos, como es el caso de CiU, también están deshojando la margarita de si optarán por presentar voto particular.