El Gobierno fuerza a las cajas a ir a una privatización ante la presión exterior

La segunda reestructuración para las cajas ya está en ciernes. Y no tiene por objetivo reducir su número, sino directamente liquidar su naturaleza jurídica. En las últimas semanas, el Gobierno ha ido lanzando mensajes en los que subyace una misma idea: las cajas de ahorros han de privatizarse y convertirse en bancos para acceder con mayor facilidad a los mercados financieros, que recelan de cualquier entidad originaria de España y más si no ven del todo claro su exposición a riesgos como el ladrillo, como es el caso de las entidades de ahorro.

Aunque el Ministerio de Economía ha guardado un discreto silencio en torno a esos anhelos de privatización, ayer el número dos de Elena Salgado aseguró que ese proceso «es simplemente la evolución natural de lo que se reguló en junio», es decir, aplicar la nueva ley estatal que aún está siendo adaptada en varias comunidades, como Galicia.

José Manuel Campa dejó claro que la opción más atractiva para las cajas no supone acceder a más dinero del FROB -una posibilidad ahora abierta y a la que previsiblemente se acogerá CatalunyaCaixa-, sino acudir directamente a los mercados para capitalizarse. Pero esos mercados foráneos de financiación están cerrados para cualquier marca que tenga como procedencia España, como han notado en los últimos días entidades como BBVA, Santander o Bankinter, que por el dinero recibido han tenido que pagar más que firmas de otros países. Si a los bancos se les presentan problemas para acudir al exterior, el Gobierno entiende que las cajas tendrán más. Aunque aún no ha podido constatarse porque ninguna de ellas ha salido aún a por fondos. Los mercados exigen más transparencia en los números, un accionariado claro, y el Gobierno, según las voces consultadas, no cree que las cajas actuales puedan ofrecer eso. En este propósito al Ejecutivo le acompaña buena parte del PP en Madrid.

Con todo, ninguna fuente consultada tiene idea de cómo puede llevar a cabo el Ejecutivo esa privatización. Si simplemente se dará traslado a las cajas a través de una circular interna desde el Banco de España o si, por el contrario, se buscará un resorte legal. «Si fuera con algún decreto, se complicarían aún más las cosas a nivel legal», apunta un directivo.

Aunque, en la práctica, si se aplican al máximo las directrices que vienen apuntadas en la nueva ley estatal, no haría falta nada más, como apuntaba Campa. Porque esa norma facilita la entrada de capital privado en las cajas e incluso su conversión en una fundación. De esta forma, depositarían todo el negocio financiero en una ficha bancaria, y lo controlarían como primer accionista, pero dando entrada a inversores privados. El Banco Pastor ya opera así, con la Fundación Barrié como primer accionista.

La caja gallega

Esta postura del Gobierno para acelerar la privatización ha pillado con el pie cambiado al sector. En la propia caja única gallega aseguran desconocer esa hipótesis de trabajo. Mientras, Novacaixagalicia prosigue su plan de integración en el que no se contempla un cambio en la naturaleza jurídica. De hecho, ni los estatutos de la entidad incorporan ese posible cambio. Todo lo más, dar entrada a capital privado a través de cuotas participativas, algo similar a las acciones, hasta un máximo del 50% del capital. En caso de que optara por esta vía, la Xunta no podría impedirlo: la ley estatal deja las manos libres a la caja.

El Gobierno gallego sí tendría que opinar y aprobar ese cambio jurídico para convertir a la entidad financiera en una fundación con todo su negocio en un banco. Pero en la propia Consellería de Facenda aseguraban ayer desconocer «por completo» un plan de Madrid tendente a convertir en un banco la caja que tanto trabajo ha costado crear.

Otras entidades consultadas van en la misma línea: no hay constancia de cambios legales ni se esperan. De hecho, en el entorno de la patronal de cajas, la CECA, también se desconocen esos planes. Esta institución siempre ha mantenido la vigencia del modelo de cajas, aunando el negocio financiero típico (tomar y prestar dinero) con la función social. De hecho, el actual presidente de la CECA, Isidro Fainé, de La Caixa, es uno de los principales valedores de esa vía. «Pero si hasta en La Caixa se están planteando su futuro, algo quiere decir, y dependiendo de lo que hagan estos y lo que suceda en el País Vasco, veremos como queda el resto», apuntan fuentes financieras en Madrid, recordando el peso que tienen esas comunidades en el mapa de las cajas.

Los que ya se han posicionado claramente en contra de la bancarización son los sindicatos, que desde hace meses se temen ese final.

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