La última reforma de la Ley Concursal ha facilitado más de 90 refinanciaciones, por valor de 20.000 millones

G. Lemos REDACCIÓN/LA VOZ.

ECONOMÍA

Un panel de expertos debaten en Santiago los nuevos cambios en la norma para agilizar los procedimientos

29 oct 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

«El concurso no es la situación normal de la actividad económica, es una patología que hay que tratar». Y para evitarla, según la catedrática de Derecho Mercantil Juana Pulgar, nada mejor que potenciar la fase preconcursal, el período de gracia de cuatro meses que se otorga a las empresas para lograr un acuerdo con sus acreedores que les permita llegar a un convenio anticipado con los mismos. En la práctica, como subrayó Pulgar, esta figura se ha venido utilizando para refinanciar la deuda y esquivar la declaración del concurso. La catedrática apuntó que desde la última reforma de la ley, en marzo del 2009, cuando se blindaron estos procesos para ofrecer más garantías a las entidades financieras, se han firmado más de 90 grandes acuerdos de refinanciación, por un importe total de 20.000 millones de euros.

Pulgar participó en el IV Encuentro Gallego de Profesionales del Derecho Concursal -organizado por el Consello Galego de Economistas bajo la dirección de Diego Comendador-, que abrió el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado, quien avanzó las líneas maestras de la nueva reforma de la ley consensuada entre el Gobierno y un panel de 17 expertos, que elaboró durante nueve meses un borrador de reforma que ahora se tendrá que transformar en anteproyecto de ley. Hurtado anunció que, aunque el Gobierno podría realizar cambios durante el proceso de redacción de la norma, se respetará el espíritu del texto, que pasa por reforzar el papel de la administración concursal, que potenciará «su carácter asistencial para liberar a los jueces de todas las funciones que no sean jurisdiccionales». Una de las nuevas funciones que asumirán será la comunicación directa a los acreedores de las deudas reconocidas y resolver con ellos las discrepancias.

En ese sentido, Antonio Moreno, uno de los tres administradores concursales de Martinsa-Fadesa, que ayer participó como ponente, aseguró que en el proceso de la promotora «el 80% de los incidentes concursales han sido gratuitos, innecesarios» y se podrían haber resuelto de forma sin la intermediación del juez. Por este motivo, Moreno reclamó que la reforma otorgue más atribuciones a la administración concursal para que los magistrados no tengan que asumir un papel administrativo que no les corresponde.

Martinsa saldrá del concurso

Tantos los administradores concursales de Martinsa-Fadesa, como el juez que lleva la suspensión de pagos, Pablo González-Carreró, participaron ayer en el encuentro de profesionales del derecho. Todos coincidieron en la proximidad de la salida del concurso de la inmobiliaria. Si no hay sobresaltos, el 4 de enero concluirá el plazo de aceptación del convenio, que ya tiene garantizadas las adhesiones necesarias, por lo que es previsible que la empresa pueda salir del concurso en los primeros meses del 2011. En su intervención, González-Carreró destacó la excesiva duración del proceso, que se ha alargado más de dos años, «pese a que los administradores presentaron el informe a tiempo». «No es admisible», zanjó el juez.