El Gobierno es partidario de trasladar al recibo el incremento del precio de la energía.
El recibo de la luz podría encarecerse hasta un 5,6% a partir del próximo 1 de octubre. Eso, si el Gobierno cumple con lo anunciado y traslada a la tarifa eléctrica la parte proporcional que corresponde al incremento del precio de la energía, toda vez que ha decidido congelar la parte del alza que deviene de los elementos regulados y que queda sólo en su mano.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha evitado cualquier posible cifra, aunque sí ha reconocido que el resultado de la subasta entre comercializadoras de último recurso (denominada CESUR) para los clientes con tarifas reguladas se trasladará al recibo. Así lo aseguró en los pasillos del Congreso de los Diputados poco antes de conocerse el resultado final de la CESUR, que cerró con precios un 11% superiores a los registrados en la última puja, el pasado junio.
Ese 11%, unido que el componente del coste de la energía pesa algo más del 50% en la determinación final del incremento de la luz, es lo que determina el eventual repunte del 5,6%. No obstante, muchos analistas y gran parte del sector eléctrico -que como es habitual reclama subidas mucho mayores- estiman que finalmente el Gobierno no elevará la factura a los hogares más allá de un 2% o un 3%.
El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, y el Partido Popular mantienen abierta desde hace meses una correosa negociación en busca de un gran pacto nacional sobre la energía. En julio, recién iniciadas las conversaciones, el Ejecutivo renunció a cualquier subida. Ahora, sin embargo, y bajo el argumento de que el repunte del coste de la materia prima no se puede obviar, aboga por trasladar el resultado de la CESUR.
Desde el PP se apoya esa idea, aunque se ha negado de forma reiterada que se haya pactado con Miguel Sebastián tal extremo. Los expertos recuerdan que dejar de nuevo congelada la parte 'natural' del incremento del recibo de la luz sólo genera problemas al ahondar el problema del déficit tarifario, la diferencia entre el coste de producción y los ingresos por la venta de la electricidad.
Según explicó el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMEL), responsable de la subasta, el precio de carga base superó en un 5,4% los 44,5 euros por megavatio a la hora de junio, mientras que el de punta creció un 4,9% sobre los 50,48 euros de la última subasta. Eso, una vez realizados los pertinentes ajustes, determina un alza global del 11%.
La Confederación de Consumidores y Usuarios tachó de «inaceptable cualquier incremento en la actual coyuntura económica». CECU explicó que a esta nueva subida habría que sumar la que ya se produjo en enero, la del IVA del pasado mes de julio y las inversiones en las instalaciones que han tenido que realizar los usuarios para proceder a la instalación obligatoria del Interruptor de Control de Potencia (ICP).
Con este incremento, subrayó la organización, los precios de la electricidad volverían a subir este año muy por encima del actual IPC. «Si, además, tenemos en cuenta que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los sueldos han subido en el segundo trimestre del año un 0,4% de media, frente al 1,6% que se incrementó el IPC en ese mismo periodo, que el paro sigue en cifras elevadas (con muchos trabajadores que agotan su prestación) y que este año se congelarán las pensiones, es evidente que el problema es aún mayor», añadió la CECU.
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