DECRETO DEL CARBÓN La Xunta «impugnará» el decreto del carbón ante el Tribunal de Luxemburgo

La Xunta ha anunciado hoy que acudirá al Tribunal de Luxemburgo para «impugnar» la posible aplicación del decreto del carbón aprobado por el Gobierno español al considerar que «condena la viabilidad económica de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama-Cerceda».

Así lo manifestó en rueda de prensa el director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, quien explicó que el Ejecutivo autonómico recurrirá también a la justicia española para denunciar el decreto que prima a las centrales que utilizan carbón autóctono frente a las que lo importan y a las de ciclo combinado que usan gas natural como combustible.

Tahoces explicó que esta decisión perjudica a las centrales térmicas gallegas de ciclo combinado porque «para que las centrales que utilizan carbón nacional puedan funcionar, es necesario que otras centrales generadoras de electricidad limiten su actividad».

A este respecto, el responsable de Industria señaló que en un primer momento la normativa establecía una serie de compensaciones económicas para estas empresa que garantizaban la viabilidad económica de ambas centrales gallegas por lo que se verían afectados los 2.000 empleos directos e indirectos que generan en la Comunidad.

No obstante, Tahoces destacó que la Comisión Europea todavía está estudiando si estas compensaciones económicas son legales ya que, según afirmó el responsable de la Xunta, el máximo órgano europeo ha notificado al Gobierno español que podría tratarse de ayudas de Estado «claramente incompatibles» con la normativa europea.

Tahoces denunció que, ante esta situación, el Gobierno ha preparado una «modificación» del decreto en la que «desaparecen» las compensaciones económicas a las centrales que deben reducir su actividad, lo que «condena» la viabilidad económica de las centrales térmicas de As Pontes y de Meirama.

Además, el director general de Industria, apuntó que esta decisión significa un «torpedo directo» a los niveles de empleo tanto de las propias centrales como de la industria auxiliar, «sin olvidar el efecto dominó que esto va a tener en la actividad portuaria de A Coruña y Ferrol» que supondrán pérdidas de 20 millones de euros al año.

Por otra parte, el director general de Industria acusó al Gobierno central de «intervenir el mercado» al establecer que las centrales de carbón nacional «tendrán que producir hasta un 15 por ciento del total de electricidad producida en España», lo que conculca el principio de libertad de competencia en el sector eléctrico.

Por todos estos motivos, el secretario general de Industria solicitó al Gobierno que «abandone» este decreto y anunció que el Conselleiro de Industria, Javier Guerra, ha solicitado a la Comisión Europea que antes de pronunciarse sobre la normativa, escuche a los «damnificados».