La reforma laboral, aprobada hoy como decreto-ley, establece que el Estado pagará parte de las indemnizaciones por despido.
16 jun 2010 . Actualizado a las 23:45 h.El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto-ley de la reforma laboral. Con la nueva normativa, una empresa solo tendrá que acreditar pérdidas para justificar despidos objetivos. El texto no establece un periodo determinado.
En rueda de prensa, el ministro de Trabajo afirmó, no obstante, que las causas objetivas de un despido «siempre debe determinarlas un juez». Celestino Corbacho ha asegurado que el texto del decreto ley se ha modificado para «arrojar claridad».
Asimismo, dijo que el Gobierno «no espera» que este concepto sea modificado durante la tramitación del decreto ley en el Parlamento como proyecto de ley a través de las enmiendas que puedan presentar los diferentes grupos parlamentarios.
Aseveró que «nunca estuvo en la propuesta de Gobierno» determinar el plazo de pérdidas económicas que debe acreditar una empresa para poder despedir de forma objetiva, con una indemnización de 20 días y dijo que la propuesta de que fueran 6 meses consecutivos de pérdidas estuvo en la mesa del Diálogo Social pero fue rechazada.
Corbacho precisó que en el decreto ley el texto que define las pérdidas como «no meramente coyunturales» ha sido sustituido por la frase: «cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa».
Explicó que esta situación económica empresarial deberá ser acreditada con «resultados» según cada empresa con el fin de poder concretar la extinción de un contrato, aunque resaltó que el decreto ley pretende que las empresas «no empiecen ajustando plantillas».
El ministro reconoció que la redacción se ha cambiado porque el concepto «coyuntural» tuvo observaciones esta semana por parte de diferentes portavoces de los partidos políticos y consideró que el nuevo texto «es más preciso».
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno tiene una «ambición» primordial: que «el despido sea siempre la última opción».
Además expresó su confianza en que una reforma como ésta, «ambiciosa, sustantiva y de calado» se haga con el mayor grado de acuerdo parlamentario, y por eso ya se han tenido en cuenta algunos de los criterios de los grupos políticos.
Otras medidas
-El Fondo de Garantía Salarial se hará cargo del pago de ocho días de los despidos en todos los contratos indefinidos ordinarios, y no sólo en los de fomento del empleo, como antes había previsto el Gobierno.
-El Gobierno ha ampliado aún más de lo que tenía pensado el uso del contrato de fomento del empleo -con 33 días por despido improcedente-, al incluir entre los destinatarios al colectivo de trabajadores fijos de entre 31 y 44 años que hayan sido despedidos.
Corbacho rechazó que la idea sea universalizar este tipo de contrato porque, recordó, se mantienen los derechos adquiridos en el contrato indefinido ordinario -45 días de indemnización- y la reforma no tiene efectos retroactivos.
-El Gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley independiente para el fondo de capitalización de la vida laboral los trabajadores, que imita el modelo austríaco y que debe servir para abonar una parte de los despidos. Según el ministro Celestino Corbacho, el Gobierno no tiene intención de aumentar las cuotas empresariales de la Seguridad Social para nutrir este fondo.
Huelga en septiembre
Los principales sindicatos ya han anunciado una convocatoria de huelga general contra esta reforma. Se celebrará el 29 de septiembre. Pero no solo las centrales han criticado el documento. También lo ha hecho la patronal.