ue Los armadores trasladan a la comisaria europea su preocupación por los bajos precios del pescado en origen

Precios del pescado en origen por los suelos, al nivel de hace 20 o 25 años, elevados costes de explotación, falta de liquidez por las dificultades de acceso a las líneas de financiación... El sector pesquero español desgranó ayer todos sus problemas ante la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, que inició en Madrid una visita oficial de tres días que hoy continuará en Vigo.

La responsable comunitaria de Asuntos Marítimos arrancó «del mejor modo posible», con «conversaciones fructíferas y discusiones constructivas» con la ministra de Medio Marino, Elena Espinosa. Damanaki también subrayó la oportunidad del encuentro, justo con España, el mayor actor pesquero, en la presidencia de la UE y en medio del debate sobre la reforma de la política común de pesca (PCP).? Damanaki trató con Espinosa la situación del atún rojo y de la caballa, otra de las preocupaciones que le trasladó la Confederación Española de Pesca (Cepesca), que considera que prohibir la comercialización del citado túnido «es una decisión política sin fundamento científico y la más grave adoptada en los últimos años por la UE», explicó el secretario de la patronal, Javier Garat.

Pesca de atún rojo

En este sentido, la comisaria europea aseguró ayer que la flota artesanal que se dedica a la pesca del atún rojo va a poder seguir pescando «incluso» si la especie se incluyese en el anexo I del Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo que supondría la prohibición de su comercialización a nivel internacional. Recordó, además, que los 27 solo apoyarán el veto si los informes científicos corroboran el mal estado de la pesquería.

Cepesca sí reclama que se prohíba pescar a la flota comunitaria y a las de las organizaciones regionales de pesca las dos especies de tiburones -el zorro y el martillo- cuya captura España tiene vedada.

El sector también se quejó del diario electrónico de pesca. Demanda que su entrada en vigor sea simultánea en todos los Estados miembros para evitar una discriminación entre flotas y países.