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recesión España es, después de Irlanda, el país de la OCDE más empobrecido por la crisis

Un informe de la OCDE apunta que el impacto de la crisis en ambos países será más duro y prolongado que en el resto de las 30 principales economías.

Autor:
colpisa
Fecha de publicación:
Hora:
Actualizada a las 19:25 h

El impacto de la crisis en España será más duro y prolongado que en el resto de las 30 economías principales del mundo desarrollado, con la excepción de Irlanda donde también causa estragos la escalada vertiginosa del paro. Esta es una de las conclusiones del informe anual «Objetivo Crecimiento» publicado este miércoles en París por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE ) en el que se aprueba el aumento de los impuestos sobre el consumo e incluso sugiere a Estados Unidos la creación de un IVA.

El estudio, centrado esta vez en el impacto de una recesión sin precedentes, sitúa a Irlanda y España en los vagones de cola del tren de la recuperación cuando algunos países todavía no han salido del túnel de la crisis. La merma en el potencial de crecimiento a medio plazo de ambos países será de 11,8 y de 10,6 puntos, respectivamente, frente a una rebaja media de 3,1 puntos porcentuales de producto interior bruto (PIB) en el conjunto de la OCDE.

También se colocan por encima del promedio de la zona países como Polonia (recorte de 4,5 puntos de PIB), Italia (-4,1 puntos), Alemania (-3,9), Holanda (-3,7), Bélgica (-3,7) y Grecia (-3,6%).

Las economías relativamente menos afectados serán las de Japón (-2,1 puntos de PIB), Estados Unidos (-2,4 puntos), Canadá (-2,4), Nueva Zelanda (-2,4), Portugal (-2,7) y Reino Unido (-2,9).

En el caso de los rezagados farolillos rojos, el empobrecimiento obedecerá esencialmente al fuerte incremento del paro. El impacto de la crisis sobre el empleo recortará el PIB en 9,8 puntos en Irlanda y en 8,4 puntos en España, cuando la media ponderada en la OCDE será de 1,1 puntos. En los dos países, el deterioro del mercado laboral conlleva una considerable reducción de la población activa como consecuencia del cambio de tendencia en la llegada de inmigrantes.

El otro factor responsable del desplome en la capacidad de crecimiento económico será el aumento de los costes de capital. En esta variable, resultante de la crisis de confianza causada por el estallido de la burbuja del crédito que ha incrementado la percepción del riesgo, España (-2,1 puntos) e Irlanda (-2 puntos) se sitúan en la media de la OCDE (merma de 2 puntos).

En tendencia general para la zona, los autores del informe auguran que, «aunque la crisis dejará a los países de la OCDE más pobres de lo que hubieran sido, el crecimiento no debería verse afectado a largo plazo por la crisis». «La urgencia de reformas estructurales se ha reforzado por la crisis», enfatizan antes de insistir sobre la necesidad de la regulación de los mercados financiero, laboral y productivo.

El estudio, que también evalúa el grado de cumplimiento en cada país de las recomendaciones de la OCDE, indica que España no ha llevado a cabo suficientes reformas, en particular en la educación y en el mercado de trabajo. Sus consejos en el capítulo de las pensiones han quedado limitados a la reforma de 2007, que aumentó «modestamente» el periodo de cotización que da derecho a pensión y ha creado incentivos para que continúen en actividad personas que han alcanzado la edad de jubilación.

«El mercado laboral necesita claramente un ajuste», declaró en la presentación del documento Carlo Padoan, economista jefe de la OCDE, quien también mencionó los sectores de la vivienda y el financiero. Sin citar nombres concretos, insistió en que los países de la zona euro donde «el perfil de la deuda parece insostenible» deben poner en marcha inmediatamente medidas de ajuste para restablecer la situación de sus cuentas.

El informe recomienda en general una reducción de las retenciones sobre las rentas y un aumento de los impuestos sobre el consumo y la propiedad hipotecaria. Por ejemplo, sugiere a Estados Unidos instituir una tasa sobre el valor añadido para compensar la minusvalía de los ingresos fiscales resultante de la extensión de las precedentes reducciones de impuestos a la mayoría de los contribuyentes.

 

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