Granado sostiene que retrasar la jubilación no es una medida drástica si se hace como se pretende, con un tiempo de implementación parcial.
-El período no aparece en el documento que aprobó el Consejo de Ministros.
-No, porque la propuesta responde a tres parámetros. Uno es que el retraso se podrá perfilar en el 2013, con lo que podría entrar en vigor en el 2014. Dos, que hay que tomar como experiencia la situación europea; y tres, hay que considerar las peculiaridades demográficas de España. En base a esto, el Gobierno ha hecho una propuesta que tiene la suficiente amplitud para llegar a acuerdo con los interlocutores parlamentarios y sociales, que coinciden en la necesidad de retrasar la edad de jubilación.
-¿Puede aclarar si el período de 15 años para calcular la pensión va a variar?
-El período de cómputo pasó de 1985 a 1997 de dos años a 15 años, lo que tendría que haber supuesto un ahorro en el PIB, pero no es así. El ahorro que puede provocar variar el cálculo es inapreciable en el capítulo de los gastos, pero sí se nota en el de los ingresos. Tenemos un sistema muy injusto con los despedidos que, si permanecen fuera del mercado laboral, acceden a pensiones bajas por la base de cotización pagada, que es muy inferior a la que cotizada cuando estaban en activo. En consecuencia, tenemos que buscar una fórmula que redistribuya las cotizaciones mejorando las pensiones de los despedidos y obligando a los demás a ser solidarios.
-¿Eso qué significa?
-Que hay que conseguir que los despedidos se jubilen con mejores pensiones y los demás con unas prestaciones un poquito inferiores, cuando los demás somos muchos más.