nuevo escenario financiero La auditoría avala la fusión, que provocaría la pérdida de 1.296 empleos

La auditoría encargada por la Xunta de Galicia avala la solvencia de la fusión de las dos cajas de ahorro gallegas, que significaría la pérdida de 1.296 empleos y el cierre de 280 oficinas.

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, ha presentado las principales conclusiones de la auditoría, que apuntan a que la entidad financiera resultante se convertiría en la quinta de España por volumen de activos y que los costes del proceso de fusión quedarían amortizados en el 2013.

La auditoría realizada por la empresa KPMG apunta a que en el 2015, la entidad resultante de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova alcanzaría un nivel de solvencia del 9%, de rentabilidad del 13,2%, de eficiencia del 47,7%, y de independencia de financiación del 28,4%. Esa caja unitaria sería rentable «desde el primer año», ha garantizado Fernández Currás, gracias a una generación de sinergias de unos 120 millones de euros por ejercicio; aportaría unos 655 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades y unos 300 millones a obra social en el periodo 2010-2015.

Respecto a los reajustes necesarios para llevar a efecto el proceso de fusión, el 92% de los empleos que se perderían correspondería a prejubilaciones, y la cantidad restante, a despidos incentivados, principalmente entre el personal adscrito a las oficinas de expansión en el exterior. En ese futuro escenario financiero, y tras el reajuste necesario en la implantación física de las cajas, habría en Galicia 881 oficinas de la entidad resultante, es decir, un 36,1% del total.

La conselleira de Facenda señala que ahora le toca mover ficha a los consejos de dirección de Caixanova y CaixaGalicia, que ya tienen en su poder la auditoría encargada por la Xunta para avalar técnicamente la opción por la que se decantó, y que, dijo, «es la mejor para la comunidad autónoma». Admitió que «es imposible» que la Xunta «haga otra cosa» para propiciar la fusión que dar su opinión, avalada por la auditoría presentada hoy, y recordó que la opción elegida deberá contar con el visto bueno del Banco de España por cuanto se solicitarán fondos de reestructuración ordenada bancaria (FROB).

El plazo máximo fijado para tomar una decisión definitiva es, en principio, el 31 de diciembre, y a modo de reflexión Fernández Currás afirma que una SIP «vaciaría de contenido a las entidades vinculadas» al Banco de España, que ejercería como «matriz» en la toma de decisiones de todo tipo.

En cuanto a una hipotética fusión con cajas de otras comunidades autónomas, dijo que habría «una menor vinculación y sensibilidad con las necesidades financieras de Galicia», a la vez que los municipios rurales correrían el «riesgo de una exclusión financiera» por la ausencia de oficinas. La conselleira confió en que el Banco de España «se comporte como un órgano regulador independiente», pues opinó que «algunos pronunciamientos» de su presidente, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, «a lo mejor han dado cabida a la interpretación de que ha habido un trato discriminatorio» hacia las cajas gallegas.

Fernández Currás desveló que la auditoría de KPMG no ha detectado pasivos ocultos en ninguna de las dos entidades y se guardó su opinión sobre si alguna de ellas está en peor situación; un dato que conoce pero que no revelará por un compromiso de confidencialidad con ambas directivas.

De lo que sí dio cuenta fue de la única «debilidad» apreciada en el proceso de fusión, «el riesgo del promotor constructor» dada la «burbuja inmobiliaria autóctona» que afecta a Galicia, pero aseguró que pese a ello la solvencia de la entidad fusionada está garantizada.