nuevo escenario financiero El Parlamento mantiene la propuesta para renovar las cajas en dos meses

La ponencia creada en el Parlamento para preparar la reforma de la ley de cajas culminó ayer sus trabajos con un texto de compromiso, con casi el 90% de su contenido pactado por unanimidad, y en el que se mantiene la apuesta promovida por el PP y apoyada por Bloque, aunque rechazada por el PSdeG, para renovar los órganos de dirección de Caixanova y Caixa Galicia dos meses después de que la nueva norma entre en vigor. Sería así en marzo. No obstante, fuentes de la negociación matizaron que queda abierto un resquicio para que la renovación de las asambleas sea tan solo parcial, lo que obligaría a presentar una enmienda conjunta de los tres grupos.

Los populares y los nacionalistas dejaron la pelota colocada en el tejado del Grupo Socialista, del que ahora depende que la renovación de las cajas de ahorros sea parcial o completa, pues tanto el PP como el Bloque mostraron cierta disponibilidad a ceder en su posición de máximos para facilitar que el PSdeG se sume. Los socialistas dicen, no obstante, que hay puntos «que seguen a ser insalvables» con el resto de los grupos, y que mantendrán vivas sus enmiendas hasta el pleno de finales de mes.

Otros aspectos que fija la ponencia para la reforma de la ley es que se excluirá a los cargos políticos de los consejos de las cajas, lo que afectaría directamente a Caixa Galicia, donde hay seis miembros en esa situación: los socialistas Moreda, Orozco y Barcón, así como los alcaldes de Cabana, Curtis y Riello (León) del PP. No hay esos casos en Caixanova. Además se acordó que determinadas inversiones tendrán que contar con el visto bueno de Facenda.

También queda definido el modelo de representación en las asambleas, que reservan el 20% de las plazas para el Parlamento gallego. Otro 20% sería para las corporaciones locales y la representación pública se completaría con el 10% de las entidades fundadoras. En este punto, el PSdeG planteó que cuando no existan entidades fundadoras -sucede en Caixa Galicia- ese 10% se repartían entre Parlamento y concellos. El PP lo podría apoyar.

El resto de la asamblea sería para impositores (30%), trabajadores (10%) y entidades representativas (10%), que se lo repartirían a partir iguales entre los empresarios, los sindicatos, el Consello Económico e Social (CES) y organizaciones benéfico-sociales.